18 marzo 2019 | Publicado : 12:36 (18/03/2019) | Actualizado: 15:22 (18/03/2019)
Podemos Extremadura trasladará a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo sus conclusiones de la Comisión de Investigación sobre las contrataciones en las empresas públicas extremeñas al constatar "indicios de delito".
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa en Mérida la candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, en la que ha considerado que los procesos de selección en el sector público empresarial "tienen dos adjetivos básicos", como son "el enchufismo y el clientelismo".
Durante su intervención, De Miguel ha criticado al PSOE y al PP por utilizar la administración pública "como una agencia de colocación", tras lo que ha asegurado que durante su periodo al frente de la Junta, Monago "utilizó el mismo modus operandi que el PSOE, por lo que no se pueden poner medallas de nada", ha dicho.
Así, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta ha asegurado que las contrataciones en el sector público empresarial se han hecho "sin seguir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ni tampoco los de objetividad ni publicidad".
"IRREGULARIDADES" EN TRES EJES
En ese sentido, De Miguel ha afirmado que durante el desarrollo de la comisión de investigación Podemos ha advertido "graves irregularidades" que ha repartido en "tres grandes ejes", como son deficiencias en los procesos de contratación, problemática laboral y abusos en las encomiendas de gestión, según informa la formación morada en una nota de prensa.
En relación al primer eje, la también presidenta del Grupo Parlamentario Podemos ha asegurado que los procesos han sido "arbitrarios", ya que se han contratado a personas para el mismo puesto utilizando distintas fórmulas, que los procesos selectivos "han carecido de todo tipo de garantías".
Según ha aseverado Irene de Miguel, el "único requisito" para acceder a una gerencia de una empresa pública "es tener el carné del PSOE porque el 100 por cien de los gerentes de las empresas públicas son alcaldes o concejales del PSOE", ha aseverado.
A este respecto, ha puesto como ejemplo además el 'caso Salustiano', que su sustituto al frente de Gevidesa, por ejemplo, "fue elegido a dedo cuando había sido excluido del proceso de selección por no cumplir los requisitos necesarios", ha señalado la dirigente de Podemos.
En cuanto a la problemática laboral, De Miguel ha asegurado que se ha constatado cómo se está contratando personal laboral en las empresas públicas "que están desarrollando las mismas funciones que el personal funcionario, pero con menos sueldo y con mayor precariedad".
Al mismo tiempo, ha afirmado que también se han producido despidos en fraude de ley con indemnizaciones millonarias "que han salido de las arcas públicas".
Por último, Podemos también ha aludido a un "abuso de las encomiendas de gestión", algo que a juicio de De Miguel "debe ser una excepción de la administración cuando no tiene las herramientas o los medios técnicos suficientes para poder llevar a cabo un proyecto", ha dicho.
"Los responsables son los gestores y los dirigentes políticos de las empresas, nunca los trabajadores", ha considerado De Miguel, quien ha añadido que "no es justo criminalizarlos, como está haciendo el PP, porque son los responsables políticos los que han convertido a las administraciones públicas extremeñas en un auténtico chiringuito de colocación".
Por tanto, debido a todo ello, la candidata a la Presidencia de la Junta cree que tiene que ser la Fiscalía y el Defensor del Pueblo "quienes investiguen si ha habido delito en este manoseo de lo público por parte del PSOE, el PP y también de Cs porque tienen a su actual secretario de organización provincial de Badajoz involucrado", ha concluido.
