La Comisión en Asamblea sobre contratación en empresas públicas acaba trabajos sin acuerdo

Ep.

La comisión no permanente de investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura desde el año 2007 hasta la actualidad, que se ha venido desarrollando en la Asamblea, ha concluido este lunes sus trabajos sin que se haya producido acuerdo alguno entre las respectivas conclusiones planteadas por los grupos políticos.

Así, cada grupo (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) ha planteado su propio bloque de conclusiones finales de los trabajos realizados, pero ninguno de ellos ha salido adelante en la votación definitiva de los mismos, lo que ha provocado que no ha sido posible la elaboración de un dictamen que hubiese sido debatido y votado finalmente en una sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura.

Ante esta circunstancia, y sin acuerdo político por tanto en las conclusiones de los trabajos, la comisión finaliza su labor, según ha explicado tras la votación de este lunes el presidente de dicho órgano que ha venido investigando sobre contratación de personal en el sector público empresarial extremeño, el diputado del PP Saturnino López Marroyo.

Lo que sí ha reiterado el diputado de Podemos José Luis Murillo durante la sesión de la comisión de este lunes, tal y como ya había anunciado previamente en una rueda de prensa la presidenta de su grupo parlamentario, Irene de Miguel, es que su formación trasladará a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo sus conclusiones de la comisión de investigación sobre las contrataciones en las empresas públicas extremeñas por posibles indicios de delito en la materia.

PSOE

A su vez, el diputado del PSOE Carlos Labrador Pulido, para defender las conclusiones de su grupo, ha afirmado que durante los trabajos de la comisión de investigación "ha quedado acreditado" que "los gobiernos socialistas han aportado al sector público empresarial extremeños solvencia técnica, implementando herramientas que dan una mayor seguridad e integración a los procesos que luego se desarrollan" y "solvencia financiera, gestionando mejor, con mayor transparencia y más eficazmente el dinero público".

También ha considerado "acreditado" que los gobiernos del PSOE han aportado "garantías en los derechos de los trabajadores, asegurando en sus convenios colectivos y en los planes de igualdad dignidad salarial, protección social y medidas de género", ha dicho.

En todo caso, y tras criticar la gestión del PP en la materia durante su época de gobierno, ha defendido como "fundamental" también "avanzar en transparencia" y "seguir apostando por un sector público eficiente y con una mayor profesionalidad en la gestión".

De igual modo, ha considerado una "irresponsabilidad" que durante la etapa de gobierno del PP en la comunidad "se estuvo contratando de una manera reiterada, más de 90 en Gisvesa por ejemplo, sin cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad, e incluso sin la transparencia y la publicidad de esas ofertas de empleo".

Al mismo tiempo, ha incidido en que según ha quedado a su juicio "acreditado" por los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y por las auditorías de gestión, "se estuvo contratando personal por parte del PP vulnerando las normativas vigentes que eran de aplicación, al realizarse contrataciones de personas en ámbitos de actuación no comprendidos en los sectores excepcionados y sin acreditarse las razones urgentes e inaplazables para las contrataciones".

También, ha defendido que la Junta ahora "está gestionando la contratación de empresas públicas con total responsabilidad" con manuales de contratación "de los que se carecía" cuando gobernaba el PP, ha dicho, y "con instrucciones de buenas prácticas para mejorar la contratación".

De igual manera, ha incidido en que el actual Ejecutivo regional "cumple escrupulosamente con las normativas vigentes en la normativa de contratación de personal", ya que "no existen contrataciones fuera de las sectores excepcionados" y "siempre con informes de las razones urgentes que motivaron esas contrataciones" y "por supuesto con las debidas autorizaciones".

PP

Mientras, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá en las conclusiones "reales" de su grupo ha considerado que "las empresas públicas se han convertido en chiringuito del PSOE", y ha recordado que la comisión de investigación nació por "el escándalo del enchufismo socialista en Gisvesa".

De este modo, en sus conclusiones de la comisión de investigación el PP "señala" como "personas políticamente responsables" de lo ocurrido en el sector público empresarial extremeño al presidente de la Junta de 2007 a 2011 y de 2015 a la actualidad, Guillermo Fernández Vara, "por ser conocedor y permitir que durante su mandato la contratación de personal en empresas públicas primaran los criterios de afinidad política"; y a la vicepresidenta de la Junta y consejera de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales, "por ordenar personalmente la selección de determinados candidatos".

También al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, como responsable de Gisvesa y Urbipexa, y al ser la primera empresa "donde se ha dado el mayor porcentaje de colocación de cargos afines al PSOE".

Igualmente, "señala" también a la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta, María Isabel Moreno Duque, al ser "responsable" de Gisvesa, después de que según ha recordado que ha declarado el gerente de Gisvesa en la comisión, ésta haya sido "responsable de la elaboración de todos los criterios de selección de las encomiendas de gestión del Observatorio de Vivienda e Intermediación Bancaria".

Sánchez Juliá, asimismo, ha criticado que ahora en esta legislatura hay procesos "dirigidos" por parte del PSOE, con directivos "nombrados a dedo", y Gisvesa "es una auténtica agencia de colocación".

Como contraposición, ha defendido que cuando el PP gobernó en la región "se cambió la manera de hacer las cosas y se legisló para que los cargos directivos de empresas públicas tuviesen que ser sometidos a un proceso de selección".

PODEMOS

A su vez, el diputado de Podemos José Luis Murillo ha indicado mediante las conclusiones de su grupo que éste ha detectado "graves deficiencias" en "muchos casos" de los analizados por la comisión y correspondientes tanto a época de gobierno del PSOE como del PP.

Al respecto, ha indicado que comparecencias sustanciadas en la comisión "han confirmado varias irregularidades que han ocurrido en diferentes procesos de contratación de personal", puesto que "no se ha garantizado el principio de publicidad de la convocatoria y sus bases", así como que "ha habido un deficiente calendario sobre el proceso selectivo".

Asimismo, ha dicho que "no se publicaban las listas de admitidos y excluidos" en el proceso selectivo relacionado con empresas públicas; y que "responsables han venido a decir que si se tenía algo que decir se acudiese a los tribunales a reclamar" por parte de aspirantes.

CIUDADANOS

A su vez, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha explicado que su grupo ha tratado de elaborar unas conclusiones "positivas", y mediante las cuales defiende que los gerentes de las empresa públicas sean nombrados "mediante concursos públicos y transparentes y no mediante protocolos que no dejan de ser consejos que habrá personas que acepten y otras no tanto".

Asimismo, aboga por que se publiquen en el DOE las convocatorias de trabajadores de empresas públicas; así como por que se realicen auditorías anuales y se publiquen en el DOE y se informe de las mismas a la Asamblea.

También pide que se publiquen en el portal de transparencia todas las encomiendas de gestión; y que se "adelgace" la actual administración "llena de empresas que no valen para nada".