16 mayo 2018
La Unión Europea (UE) ha aprobado este lunes una nueva normativa para luchar contra el blanqueo de capitales en la eurozona que afectará de forma especial al mercado de las criptodivisas como el bitcoin o Ethereum. La nueva normativa será publicada en el Diario Oficial de la UE y los veintiocho tendrán un plazo de 18 meses para trasladarlos a sus legislaciones nacionales.
Este paquete de normas, que ya recibió el visto bueno del Parlamento el pasado mes de abril, tiene como objetivo, entre otras cuestiones, combatir con el anonimato que incentiva a miles de usuarios a participar en el mercado de intercambio de criptomonedas, además de facilitar el acceso a información sobre los propietarios reales de las empresas. Una cuestión que lleva de cabeza a gobiernos y autoridades monetarias en los últimos meses.
De esta forma, tanto las plataformas de negociación como los proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos, estarán obligados a aplicar los controles de diligencia debidos para verificar la información de sus clientes. Un movimiento que puede provocar alteraciones en las inversiones de los usuarios de mercados con gran inestabilidad, como el caso de las criptomonedas, hacia operaciones bursátiles en el mercado forex.
Hasta ahora, este tipo de normativa se aplica de forma similar a entidades bancarias tradicionales abiertas al público, como las bolsas, bancos o cajas, y que están obligadas a día de hoy en día a detectar y dar parte a las autoridades sobre posibles casos de blanqueo de capitales.
Además, las plataformas y servicios de criptomonedas, deberán figurar en un registro público, así como las empresas de cambio de divisas, las oficinas de cobro de cheques o los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales.
Umbral inferior en las tarjetas prepago
Pero las medidas incluidas en la nueva normativa no afectan solo al mercado de las criptosidivisas. En el caso de la identificación de los titulares de tarjetas de prepago, el umbral se reduce de los 250 euros actuales a los 150 euros.
Por otra parte, se incluyen criterios más estrictos para evaluar si los países no pertenecientes a la UE plantean un mayor riesgo de blanqueo de capitales y un control más estrecho de las transacciones en las que participan nacionales de países de riesgo (incluida la posibilidad de sanciones). Además se incluyen disposiciones para mejorar la protección de los usuarios que denuncian el blanqueo de dinero, como es el derecho al anonimato.
Otra de las medidas aprobadas es el derecho universal al acceso a la información sobre los titulares efectivos de empresas que operan en el bloque comunitario, por parte de cualquier ciudadano de la UE.
El acuerdo representa la quinta y última actualización de la Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales y es en parte una respuesta a los ataques terroristas de 2015 y 2016 en París y Bruselas, así como a las filtraciones de los documentos de Panamá.
