Extremadura
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21 junio 2022
Ep.
El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha insistido en que su citación como testigo para declarar por el caso de la retirada de las cruces en varios municipios de la provincia perseguía conseguir una foto de él y de los otros cuatro alcaldes citados entrando en el juzgado "para hacerles parecer culpables".
Salaya ha incidido en que ha declarado "la verdad" que es que "nunca" el gobierno cacereño ha recibido presiones del presidente de la Diputación de Cáceres para retirar la Cruz de los Caídos, y ha calificado de "sorprendente" que se le cite como testigo por parte de la parte acusadora cuando "saben ya que mi testimonio no va a ser favorable a su posición porque siempre he dicho que la diputación no había presionado".
"Lo único que se me ocurre, como sospechábamos esta mañana, es que el único objetivo de hacernos declarar como testigos era tener una foto entrando en los tribunales para que, pese a ser testigos, pareciésemos acusados", ha dicho el regidor al ser preguntado por este asunto en un acto público al que ha asistido después de su declaración.
Salaya ha recalcado que esta situación es "un poco absurda", en relación también a la protesta de "solo ocho o diez personas" que han acudido a las puertas de los juzgados contra la retirada de la Cruz.
"Más allá de eso he cumplido con mi deber cívico y ciudadano y he declarado la verdad en el juzgado", ha concluido.
Cabe recordar que los alcaldes de Cáceres, Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado, han acudido este martes al Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital cacereña donde han sido citados como testigos en el caso que se instruye contra el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ante la querella interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos en el caso de la retirada de las cruces de los pueblos.
Tanto Salaya como los otros cuatro regidores han declarado que la diputación cacereña no les ha presionado para que retiren esos símbolos de sus municipios, tal y como sostiene la asociación, que denunció al presidente de la institución provincial por entender que había vinculado determinadas subvenciones a la retirada de las cruces de los municipios.
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