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La protesta sindical obliga al Gobierno a negociar los derechos de los empleados públicos

31 julio 2014

Una vez más, los sindicatos mayoritarios en el ámbito de la Función Pública se ven obligados a salir a la calle para protestar y, así, recabar la atención del Gobierno Central, ante la falta de diálogo por parte de éste.

Y es que, tras numerosos intentos, por parte de los sindicatos, de que el Gobierno convoque la Mesa General de Negociación, y ante las continuas negativas y evasivas del Sr. Montoro (Ministro de Administración Pública y Hacienda) y su equipo, nuevamente los sindicatos se han visto obligados a recurrir a la conocida herramienta de presión, que no es otra que las concentraciones de protesta, concentraciones que se han sucedido a lo largo y ancho de toda la geografía española, con un gran seguimiento.
Dichas concentraciones, celebradas los días 11 y 15 del mes de julio, han tenido como objetivo, instar al Gobierno Central a iniciar las oportunas negociaciones para establecer una hoja de ruta que haga ver a los empleados públicos la luz al final del túnel, es decir, que se asienten, a corto plazo, las bases de cómo el Gobierno comienza y finaliza la restitución de los derechos laborales, económicos y profesionales arrebatados a los empleados públicos durante los últimos cinco años como consecuencia de la crisis económica.
Si para la citada supresión de derechos se utilizó la vía de urgencia, no debe ser menos su restitución, por lo que ya es hora de comenzar a marcar las líneas de actuación por parte del Gobierno para alcanzar el pretendido objetivo.
De ahí, que haya llegado el momento de recuperar el diálogo social, ya que, una vez superadas las circunstancias que motivaron las medidas adoptadas y que, como decía el Gobierno Central, eran coyunturales, toca reequilibrar la balanza a favor de los empleados públicos mediante una negociación colectiva capaz de alcanzar los resultados demandados.
En este sentido, la senda del reclamado diálogo debe centrarse en acciones que aumenten el volumen neto de empleo público; incrementen los salarios garantizando la recuperación de lo perdido; cubran las expectativas en materia de promoción, formación y profesionalización; garanticen la recuperación de los días canosos, moscosos, de asuntos propios…; dignifiquen al empleado público y la labor que estos desempeñan, eliminando el continuo enfrentamiento entre el sector público y el privado, que tan poco bien hace.
En definitiva, el Gobierno ha de ser consciente de que no es momento de retroceder, sino de avanzar hacia la recuperación del terreno perdido, reconociendo el esfuerzo realizado por la sociedad española, y en particular por los empleados públicos, para salir airosos de la crisis económica, mirando con optimismo hacia un futuro que pasa inexorablemente por la estabilización de la situación de los empleados públicos como elemento esencial de la sociedad y de su estado de bienestar.

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