En las últimas semanas, diversas organizaciones representativas de diferentes sectores de la función pública nos han alarmado sobre un hecho que a pesar de estar pasando desapercibido para la gran mayoría de la sociedad, resulta de extrema importancia y gravedad para un amplio colectivo de la misma, como son los funcionarios públicos. Y es que, el Gobierno Central continúa con su política de recortes económicos afectando, en esta ocasión, a las prestaciones sanitarias que corresponden a las mutuas MUFACE e ISFAS, las cuales dan cobertura a más de dos millones de personas.
Los recortes en la financiación han provocado la salida del concierto de numerosas compañías aseguradoras y una considerable reducción de la oferta de centros hospitalarios así como de los cuadros médicos, tanto de medicina general como de las diferentes especialidades. De esta forma se han producido continuas quejas de los afectados que han visto, para su sorpresa y preocupación, como se interrumpían sus tratamientos médicos.
Ante estas reclamaciones, el Gobierno asegura que nada ha cambiado con respecto a la asistencia sanitaria que prestan las referidas entidades, manteniéndose intacto el derecho a la continuidad asistencial, hecho que es rotundamente desmentido por el sindicato CSI-F pues, según han podido constatar, esta asistencia sanitaria ni es automática ni está garantizada.
De ahí, y sin perjuicio de la singularidad de cada caso, hay pacientes que llevan másde un mes esperando una respuesta que no llega, otros han visto interrumpidas las pruebas diagnósticas de las que eran o iban a ser objeto, desconociendo, por tanto, su diagnóstico, sintiéndose abandonados a su suerte. En otros casos, a pesar de facilitárseles el oportuno especialista, se ven obligados a acudir a otros centros para el resto de tratamientos, pruebas e incluso urgencias, interrumpiendo así la continuidad y la asistencia integral de su enfermedad.
Por ello y con el objetivo de concienciar al Gobierno Central de la gravedad del asunto, se han realizado, desde CSI-F, múltiples campañas con el propósito de provocar la reacción del Gobierno, incluyéndose entre dichas actuaciones la recogida de firmas, el estudio de acciones legales, así como la presentación de quejas formales ante el Defensor del Pueblo y los Ministerios de Presidencia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior.
Ante esta insostenible situación, que afecta a uno de los servicios públicos fundamentales, como es la sanidad, el Gobierno Central está obligado a reaccionar sin demora, negociando y estableciendo un marco de financiación que garantice la correcta asistencia sanitaria y la continuidad de las mutuas a medio y largo plazo.
Master Mind 20:20 14 marzo 2015
