Comenzaba mi anterior artículo, para esta publicación, transmitiendo el estado de ilusión y esperanza con el que los Empleados Públicos iniciábamos el año 2017. Un anhelo en que el pasado año se convirtiera, y fuera recordado como el de la recuperación de los derechos arrebatados a ese colectivo que, con su sacrificio, tanto está ayudando a superar la crisis económica. Desgraciadamente, no fue así, y los responsables de hacer posible la referida recuperación, dejaron pasar una gran oportunidad de hacer justicia; la de reparar unos daños injustificados y no merecidos.
Por otro lado, hacía un llamamiento a los poderes públicos para que si 2017 no fue el año de la recuperación de los derechos, sí lo sea el 2018, pues confío en que no dejarán pasar otra vez la oportunidad.
En este contexto, quiero destacar que se ha retomado la negociación sindical con el Gobierno central, interrumpida en el mes de septiembre como consecuencia de la situación en Cataluña, sobre la subida salarial de los Empleados Públicos.
En este punto, se hace necesario precisar que lo que los trabajadores reclaman no es una subida salarial ordinaria, que entiendo debe estar vinculada al IPC, sino una recuperación del poder adquisitivo perdido.
Así, en un contexto de subida salarial ordinaria, la propuesta realizada por el Ministro, es decir, un incremento del 5,25% –que podría alcanzar el 8 por ciento– en tres años, condicionada al crecimiento del PIB, se podría tener en cuenta. Sin embargo, Montoro olvida en su propuesta un elemento esencial, el del contexto de la negociación. Ignora que ésta tiene como punto de partida una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 20 por ciento, de tal forma, que los empleados públicos cobran por su trabajo menos que hace diez años.
En cualquier caso, valoro de forma positiva el impulso dado a la negociación por parte del Ministro, pero debemos considerar la propuesta, por responsabilidad, como insuficiente, pues ésta responde y da cobertura a la adecuación de los salarios a la subida del nivel de vida, pero sigue sin atender a la necesidad imperiosa de recuperar el poder adquisitivo perdido.
Confío en que los buenos datos económicos, de los que presume el Gobierno de España, tengan su reflejo en las nóminas de los trabajadores de la Administración. Pero eso sí, desde Madrid deben presentar una propuesta para que a medio plazo, se recupere el poder adquisitivo anterior a la crisis económica, y a las políticas de recortes y de austeridad, devolviéndoles a los empleados públicos su dignidad económica. Una vez consolidada dicha recuperación, hablaríamos de la subida salarial ordinaria.
