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Es el momento de restituir los derechos a los empleados públicos

13 junio 2014

Desde hace cuatro años, cuando comenzaron los recortes de forma tan indiscriminada en todos los ámbitos de la sociedad, nadie preveía que sus efectos podían ser tan devastadores como lo están siendo.

Desde hace cuatro años, cuando comenzaron los recortes de forma tan indiscriminada en todos los ámbitos de la sociedad, nadie preveía que sus efectos podían ser tan devastadores como lo están siendo.

Circunscribiéndonos al sector público, hay que comentar que en líneas generales, la situación de los empleados públicos es, cuanto menos, deficitaria, lo cual se refleja en su estado de ánimo, aunque, por suerte, dado que se trata de auténticos profesionales, aún no se refleja en la indispensable labor que desempeñan a diario. Y es que, a pesar de que parecen haber cesado las medidas, adoptadas por los diferentes gobiernos, que merman su situación, este cese no parece venir acompañado de medidas contrapuestas tendentes a alcanzar, progresivamente, la restitución de lo perdido, retornando a la situación anterior.

Sin perjuicio de las medidas concretas de las que han sido objeto, lo que, con mayor medida marca negativamente su situación es el hecho de ser constantemente señalados como causantes, y en ocasiones culpables, de la crisis económica que ya, con menor incidencia (al menos eso es lo que nos dicen) asola la economía mundial. Pues, como se ha recordado hasta la saciedad, nada han tenido que ver los empleados públicos con las causas de dicha crisis.

Por esta razón los empleados reclaman, encarecidamente, una campaña de dignificación del empleado público, poniendo en valor la importante labor que desempeñan, como aliado del sector privado y no como enemigo de la sociedad, evitando y, en su caso, eliminando los prejuicios y enfrentamientos que ningún bien hacen.

Como es sabido, los empleados públicos en Extremadura han sido objeto de una serie de medidas, en su mayoría impuestas por el Gobierno central, totalmente injustificadas, que han mermado considerablemente su situación personal y profesional y que, como se ha indicado, han aguantado estoicamente, casi sin rechistar. No obstante, es de justicia reconocer que dichas medidas han sido mitigadas en sus efectos o consecuencias por los esfuerzos que vienen realizando tanto el Gobierno regional como las distintas organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación, como el mantenimiento de las carreras profesionales, la flexibilización del decreto de incapacidades temporales, el adelanto de la paga extraordinaria, la convocatoria de oposiciones en el ámbito de la administración General de la Junta de Extremadura, el pago del devengo de los 44 días de la paga extraordinaria de 2012, en un 70% en abril de 2014 y el 30% restante en el 2015)

A lo largo de los últimos cuatro años los Empleados Públicos han sufrido la rebaja de un 5% de media del salario base y tres años de congelación salarial, de tal forma que si tenemos en cuenta el aumento de los precios entre 2010 y 2013, la subida de impuestos, la pérdida de parte de los ingresos en caso de incapacidad temporal, la supresión de la paga extra y la eliminación de los días “moscosos”, la pérdida de poder adquisitivo oscila en torno a un 30%. Pérdida que, dicho sea de paso, afecta, en mayor o menor medida, a toda la población española, ya que, como he indicado en otras ocasiones, la disminución de los ingresos, y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, supone una merma considerable sobre la capacidad de compra, símbolos de la clase media, como impulsora principal del consumo básico y soporte del actual modelo económico.

En definitiva, la situación de los empleados públicos es la de un colectivo maltratado, utilizados como cajas registradoras, con el supuesto objetivo de reducir el gasto público, y cumplir así los objetivos de déficit, debiendo reseñar que, algunas medidas de las que han sido objeto, eran claramente populistas, pues carecían de contenido económico, aunque suavizaban el clamor popular que, en ocasiones, era erróneamente alentado.

Por ello, considero que es el momento de establecer una clara hoja de ruta desde los distintos Gobiernos Autonómico y Estatal, para que de forma progresiva se les vayan restituyendo todos los derechos que les han ido arrebatando a los empleados públicos y se dignifique la labor tan importante que están realizando en la sociedad.

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