25 abril 2018
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura ha presentado un requerimiento ante la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura para que las medidas adoptadas a partir de Real Decreto-Ley 14/2012, de racionalización del gasto público, "dejen de ser aplicadas", dado que "ya no se dan las circunstancias extraordinarias y de déficit público que motivaron su aprobación".
En nota de prensa, señala que el decreto de los recortes "supuso un duro varapalo para el sistema educativo extremeño y español", ya que entre otras medidas "de carácter excepcional", el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional.
CCOO matiza que la ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10 por ciento, "provocaron la destrucción de varios miles de puestos de trabajo en apenas un año y medio", mientras que las jornadas parciales "crecieron un 30 por ciento y la temporalidad se disparó, haciendo que, en la actualidad, en Extremadura uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad".
Considera este sindicato que el Real Decreto-Ley 14/2012 "dificultó gravemente la autonomía de las administraciones educativas" y, entre otras cosas, "imposibilitó la convocatoria de plazas que permitieran continuar con las tareas docentes iniciadas por el profesorado con contrato temporal, sin tan siquiera tener en cuenta el calendario escolar".
Además, en el ámbito universitario, "se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente", por lo que la actividad docente "se duplica en detrimento de la actividad investigadora y consecuentemente repercute de forma negativa en la carrera, la promoción profesional y las retribuciones de un elevado número de docentes funcionarios", señala CCOO.
En definitiva, "los recortes han supuesto un duro ataque a la educación extremeña y española", de ahí que, en defensa de la calidad del profesorado y de la educación en su conjunto, CCOO haya demandado al Ministerio de Educación a través de un proceso contencioso-administrativo de Derechos Fundamentales, por vulneración del derecho a la educación, al empleo público y el principio de seguridad jurídica del que goza todo ciudadano, y le requiere la derogación o suspensión sine díe del Real Decreto-Ley 14/2014.
Y es que, según considera, seis años después, y en un "contexto de crecimiento económico" reconocido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, la Federación de Enseñanza de CCOO argumenta que "los recortes eran temporales, transitorios y con un fin socioeconómico, y que en la actualidad han desaparecido las razones económicas que los motivaros", por lo que "pueden entenderse derogados por la propia Ley Presupuestaria".
Por todo ello, la federación sindical reclama a la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura que "deje de aplicar" las medidas contempladas en este Real Decreto-Ley.
