29 noviembre 2018
Ep.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) publicada este pasado miércoles ha dado la razón "íntegramente" a la Junta de Extremadura al reconocer el convenio colectivo de los trabajadores del Plan de Incendios Forestales (Infoex) con la categoría profesional de bombero forestal conductor y bombero forestal coordinador.
Así lo ha avanzado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, en respuesta a una pregunta ante el Pleno de la Asamblea formulada por la presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos, Irene de Miguel, sobre la situación laboral del colectivo.
En su intervención, la consejera ha destacado además que la Junta ha incluido una partida de 2,5 millones de euros para esta categoría en el Presupuesto de la comunidad para el 2019, y que entre los años 2015 y 2018 2,5 ha destinado 35 millones de euros a la mejora profesional y de las condiciones laborales del colectivo.
"Los datos están ahí", ha espetado García a De Miguel, al tiempo que le ha asegurado que antes de mayo de 2019 podrá decir "quién puso la categoría de bombero forestal conductor y coordinador", a lo que ella misma ha contestado que será el gobierno de Guillermo Fernández Vara.
Por su parte, la presidenta de la formación morada ha acusado a la consejera de haber "empeorado" la situación laboral del colectivo "creando enfrentamientos e incertidumbres".
Ha añadido que la consejera "tenía una oportunidad de oro para hacer justicia con el colectivo, para dignificar sus condiciones laborales, para reconocer su categoría profesional y para dejar de utilizar sus reivindicaciones históricas como arma política", pero en lugar de ello "ha sembrado discordia y enfrentamientos favoreciendo a unos pocos en detrimento de otros, que además son mayoría".
Así, ha asegurado que se ha "despedido a aquellos que no tenían carné de conductor de la noche a la mañana y a quienes ocupaban la plaza de compañeros en excedencia que han tenido que incorporarse para poder acceder al proceso de promoción, y han desplazado a trabajadores a puestos que están a horas de sus hogares", y todo ello por "una categoría que nadie quiere".
Finalmente, le ha pedido que escuche a los trabajadores, que según ha señalado De Miguel "la mayoría quiere una categoría profesional reconocida y con contenido y no una categoría vacía".
Por último, le ha acusado de seguir "los pasos de la privatización" del servicio, propiciando su "deterioro" y su "desprestigio para luego vender al mejor postor".
