28 mayo 2018
La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, se ha reunido en Santa Amalia con los representantes de una treintena de ayuntamientos y entidades menores de la provincia de Badajoz afectados por las últimas tormentas que han provocado daños en cultivos agrícolas y en infraestructuras.
En los próximos días, también se producirá reunión similar con los ayuntamientos de la provincia de Cáceres y con las organizaciones agrarias en la sede de la Delegación del Gobierno. El objetivo de este encuentro ha sido explicarles cuáles son los pasos a seguir para, en la medida de lo posible, reparar estos daños.
Herrera ha indicado que ahora lo primero es recibir el informe de los técnicos de la Junta que están evaluando los daños producidos para elevarlo a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que es el organismo encargado de evaluar los informes.
Posteriormente, es el Ministerio del Interior quien resuelve las solicitudes en un plazo de seis meses a través de un Real Decreto Ley y una Orden Ministerial para aprobar las ayudas a las poblaciones y zonas afectadas por estos fenómenos meteorológicos.
En este sentido, la delegada ha informado que desde el año 2012 hasta el año 2017, en Extremadura, el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha aprobado por diferentes expedientes presentados por este tipo de fenómenos una cantidad superior a 25 millones de euros, a los que habrá que sumar la resolución de los 18 expedientes presentados el año pasado.
ZONA CATASTRÓFICA
Durante la reunión con los alcaldes, la delegada ha explicado que desde hace tiempo no existe la figura de ‘Declaración de zona catastrófica’ a pesar de las declaraciones efectuadas en los últimos días por diferentes responsables políticos e incluso agrarios.
Así, el término ‘zona catastrófica’ es una figura inexistente desde el año 2007 en el ordenamiento jurídico español en cuanto a la adopción de medidas destinadas a paliar los daños producidos por fenómenos naturales adversos.
“Pero, eso no significa que no vaya a existir ayudas, sino todo lo contrario, como ocurrió en 2016 también con los daños del pedrisco en Extremadura; pero no se puede hablar de declarar zona catastrófica los terrenos que han sido dañados”, ha aclarado.
En concreto, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil se refiere al procedimiento de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
El sistema de cobertura de los daños en explotaciones agrícolas y ganaderas se encuentra amparada por el Sistema de Seguros Agrarios, que gestiona la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). En este caso no se subvenciona sino que se indemniza como complemento de los seguros.
La delegada ha explicado que existe un mes de plazo a contar desde el día siguiente a la fecha de terminación de los fenómenos meteorológicos, para presentar las solicitudes de ayudas en la Delegación del Gobierno. Existen otros 10 días para subsanar la falta o defectos de documentos preceptivos.
Herrera ha recordado que la Junta de Extremadura puede establecer mecanismos propios para ayudar a los afectados. Así, Herrera ha recordado que en la pasada legislatura que gobernó Extremadura el Partido Popular se creó un fondo regional de contingencia para atender de manera urgente y prioritaria los daños que se derivan de las inclemencias meteorológicas.
En concreto, lo hizo en 2013 para paliar los daños ocasionados por la crecida del río Guadiana por un montante de 3 millones de euros, y luego se aprobaron otros 12.
Sobre la reclamación de reducción de peonadas pedido a su vez por la Junta de Extremadura, Cristina Herrera ha recordado que el Gobierno ya ha rebajado este año el número de peonadas mínimas de 35 a 20 para conseguir el subsidio agrario. Es la tercera vez que ha tomado esta decisión en los últimos años debido a especiales incidencias climatológicas, como ocurrió el año pasado por la sequía.
