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La oposición devuelve a la Junta la ley de Defensa de la Administración extremeña

La oposición ha devuelto el proyecto tras prosperar la enmienda a la totalidad defendida este jueves en el pleno por el PP

08 marzo 2018 | Publicado : 11:03 (08/03/2018) | Actualizado: 12:01 (08/03/2018)

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La oposición ha devuelto a la Junta el proyecto de ley de Defensa, Asistencia Jurídica y Comparecencia en Juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tras prosperar la enmienda a la totalidad defendida este jueves en el pleno por el Grupo Parlamentario Popular.

Así, los diputados del PP, de Podemos, con la ausencia de sus diputadas mujeres que han participado en la huelga feminista, y de Ciudadanos han mostrado su rechazado a dicho proyecto de ley al votar a favor de la enmienda 'popular' que solicitaba la devolución de esta norma al Ejecutivo regional.

La diputada de este grupo Eva Pérez ha sido la encargada de defender la enmienda a la totalidad en la que, a pesar de compartir la necesidad de establecer las normas específicas sobre la representación y la defensa en juicio de la Junta de Extremadura, así como de dotar a la Administración de la Comunidad Autónoma de un Cuerpo de Letrados homogéneo, dicho grupo entiende que el proyecto de ley presentado adolece de "determinados defectos" que hacen "insalvable" su continuidad en los términos en los que se presenta.

En primer lugar, ha indicado que resulta "sorprendente" que el cuerpo de letrados del extinto Consejo Consultivo sea una vez más objeto de cambios, que no hacen sino venir a confirmar, en su opinión, la "precipitada e injustificada" decisión de suprimir dicho órgano.

En este punto, la diputada 'popular' ha recordado que, tras la supresión del Consejo Consultivo, se creó un nuevo cuerpo en la administración extremeña para albergar a los letrados que pasaban a formar parte de la Comisión Jurídica, un órgano creado para asumir las funciones consultivas.

Dicha Comisión Jurídica se convirtió en un órgano integrado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuyos miembros son propuestos en su totalidad por la Consejera de Hacienda y Administración Pública y el presidente de la misma es propuesto por el presidente de la Junta de Extremadura, ha indicado.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular, en su enmienda a la totalidad, tampoco comparte las previsiones relativas a la ocupación de las plazas singularizadas de Letrados de la Abogacía General de la Junta de Extremadura ni su remisión al Reglamento.

Por otro lado, ha considerado que resulta "paradójico" que se contemple la previsión de la intervención de distintos letrados en un mismo asunto o el allanamiento.

Otro aspecto ante el que la enmienda del PP se muestra en contra es que el proyecto de ley no tiene en cuenta los requisitos adicionales que se exigen en otras comunidades autónomas para la ostentación del cargo de la Dirección de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, no teniendo en cuenta la recomendación del Consejo de Estado de establecer la experiencia mínima en quince años de acuerdo a la legislación existente, y estableciéndose en la región diez años.

Asimismo, prevé el Proyecto de Ley la publicidad de determinados informes, cuando esta medida venía ya contemplada en la Agenda del Cambio del Partido Socialista, aspecto éste que no se ha cumplido, ha criticado la diputada del PP.

INTERVENCIÓN DE LA JUNTA

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha presentado el contenido de este proyecto de ley que, entre otros aspectos, recogía que en ningún caso se procederá a la defensa judicial del personal y autoridades al servicio de la Administración autonómica por parte de la Abogacía General cuando la Fiscalía formalice acusación contra ellos por delitos de corrupción contra la Administración Pública.

En su intervención, Blanco-Morales ha aludido a que dicho proyecto de ley surge de la necesidad de adaptación del funcionamiento de la Abogacía General a los nuevos parámetros de agilidad procesal y comunicaciones telemáticas introducidas por las últimas reformas legislativas.

Asimismo, en la ley que ha traído el Ejecutivo regional se proponía mejorar la estructura y el funcionamiento de la Abogacía General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de asegurar que la mayor eficacia en las labores de asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio que le corresponde realizar, garantice el sometimiento pleno de la Administración al derecho y el adecuado control jurisdiccional de su actuación.

De la misma manera, la vicepresidenta ha destacado que la norma presentada este jueves tenía dos títulos y doce artículos y la "finalidad clara" de dotar al órgano que tiene encomendado la defensa y asistencia jurídica de la Administración regional de un marco legal que tenga la defensa del interés general como "meta irrenunciable" y la transparencia como pauta de actuación.

"Un marco legal, en suma, que permita a la Abogacía General de la Junta de Extremadura cumplir sus funciones con la máxima eficacia posible", ha aseverado.

OPINIÓN DE Cs, PODEMOS Y PSOE

En el turno del resto de grupos, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha sostenido que este proyecto de ley no es fruto de una "imperiosa necesidad" sino que la ha considerado una "reforma sobrevenida", con "interés técnico" pero determinada, ha dicho, por buscar un "encaje orgánico" tras la supresión del Consejo Consultivo.

Además, ha planteado sus dudas ante una norma que abre la vía a incorporar como letrado de la Abogacía de la Junta a personal interino e incluso a funcionarios licenciados en derecho que no pertenezcan a los grupos de letrados de la Junta o a personal que sin tener la especialidad de letrado desempeñe esas funciones en régimen de interino.

"A eso se le llama crear la regla y la excepción a la vez. Crear la puerta de acceso y también, permítame la expresión, la gatera", ha aseverado, además de resaltar que, con este proyecto de ley, "toca remendar legalmente el descosido que dejó" la supresión del Consejo Consultivo.

Asimismo, ha planteado sus dudas ante la experiencia que deber contar la persona al frente de la Abogacía General de la Junta, además de considerar que el Consejo de Estado le ha dado un "buen repaso" a esta norma, algo que, en su opinión, da a entender las "prisas" por esta ley.

Por su parte, el diputado de Podemos Obed Santos ha indicado que coincide tanto con la Junta de Extremadura a la hora de la necesidad de adaptarse a la nueva legislación y también con PP y Cs en rechazar la intención inicial de la Junta de abordar la norma por el procedimiento de lectura única.

Así, ha dicho que su grupo da "mucha importancia" al trámite legislativo, ya que éste "enriquece muchísimo" los proyectos de ley, además de mostrarse sorprendido de que se haya traído una ley sin consultarla con el resto de partidos.

En esta línea, Santos ha sostenido que este proyecto de ley es mejorable en muchos aspectos, al tiempo que ha huido de la polémica en torno a la supresión del Consejo Consultivo al que han aludido el resto de grupos, ya que a Podemos "no se le ha perdido nada" con dicha supresión.

Finalmente, la diputada del PSOE Ascensión Godoy ha considerado que la Junta, con este proyecto de ley, pretendía mejorar la Abogacía General, además de considerar "imperiosa" la necesidad de adecuación a la agilidad y a las comunicaciones telemáticas que establecen las nuevas leyes en ese aspecto.

También ha añadido que se han tenido en cuanta las sugerencias del Consejo de Estado y las alegaciones presentadas, además de asegurar que no entiende la enmienda a la totalidad presentada por PP, ya que, con la misma, o "no han leído nada" o hay un "espíritu rencoroso" que la ha redactado.

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