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La Junta indemnizará con 10.000 euros a una paciente del SES

La administración extremeña deberá indemnizar con 10.000 euros a una paciente que sufrió abusos sexuales de un anestesista fugado

22 noviembre 2017

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La Junta de Extremadura ha sido condenada a pagar 10.000 euros en concepto de indemnización a una paciente por no retirar de su puesto a tiempo a un anestesista que abusó sexualmente de ella mientras estaba adormecida por los fármacos que le había suministrado para someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital de Coria.

La víctima acudió a los tribunales en febrero de 2008 tras sorprender al anestesista abusando de ella cuando se despertaba tras someterse a una histerioscopia con anestesia general, según refleja la sentencia del Juzgado de los Contencioso número 1 de Cáceres, publicada por el diario HOY y recogida por Europa Press.

El médico, H.P.C., que ha sido acusado por al menos once pacientes más, se encuentra huido de la justicia, y se cree que podría haber regresado a su país de origen, Colombia.

De hecho, la Junta ha sido condenada por no actuar con rapidez para apartar al médico de su puesto, ya que el Servicio de Atención al Usuario del Hospital reconoció en un informe que el centro hospitalario tuco conocimiento de que el citado anestesista "estaba realizando abusos sexuales sobre sus pacientes desde el 13 de diciembre de 2007", fecha en la que le denunció una paciente.

"No decidió actuar hasta varios meses más tarde, dando lugar a que el referido anestesista abusara de varias pacientes más", recoge la sentencia.

Una vez conocida la condena, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, ha declarado en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia en Mérida, que se trata de un episodio "desagradable, sorprendente y repugnante" ante el cual la Sanidad extremeña asume la "responsabilidad" que le corresponde "con la mayor de las humildades".

Franco, que ha ejercicio como médico en el mismo hospital aunque no durante el periodo en el que se produjeron los abusos denunciados, ha reconocido que había "rumores que no estaban confirmados", si bien ha defendido que se actuó "con toda la diligencia" y también con "toda la prudencia", porque "no es la primera vez que hay denuncias que no resultan ser tales", y que una denuncia de este tipo "tiene que estar muy bien soportada" por pruebas.

Al respecto, ha destacado que las pruebas posteriormente trasladadas a la Fiscalía fueron recabadas por una supervisora del centro.

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