22 junio 2017
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Se quiere valorar los planes de gestión obligatorios en los espacios de la Red Natura 2000. La etiqueta ha evaluado ya unas 570.000 hectáreas, la mayoría de ellas en manos privadas.
La propuesta se ha realizado en el seno de un debate sobre la gestión de los espacios naturales protegidos y la propiedad privada que se ha celebrado en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por la European Landeowners Organization (Organización Europea de Propietarios Rurales), Aproca España y la Fundación Artemisan.
La jornada, en la que han colaborado Syngenta y Friends of the Countryside, fue inaugurada por el presidente de FEGA, Miguel Ángel Riesgo Pablo.
El objetivo era analizar la Red Natural 2000, una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa.
En el acto participaron representantes del Ministerio, de la Junta de Extremadura, de la Universidad Politécnica de Madrid, Ferrovial, propietarios rurales, WWF, técnicos y juristas, se analizó el desarrollo de Red Natura 2000 España y se presentaron ejemplos prácticos que pueden servir de inspiración a los planes de gestión obligatorios en la misma, como por ejemplo la etiqueta "Wildlife Estates".
En el debate se ha expuesto que la mayoría de estos espacios son de propiedad privada, sin embargo, en lugar de valorizar la labor de conservación de estos propietarios, dichos planes están provocando un profundo malestar ya que desarrollan limitaciones a un modelo de gestión que es el que ha permitido su declaración como Espacio Natural Protegido.
Por eso, es necesario desarrollar las herramientas que impulsen la conservación de la biodiversidad y, para ello, la jornada contó con una mesa redonda en torno a la figura de los Bancos de Conservación de la Naturaleza.
A este respecto, se ha destacado que esta iniciativa permitiría a los propietarios rurales ejercer medidas a favor de la biodiversidad y el medio ambiente, sin sobrecoste a la administración pública, pero aun así bajo su control.
El desarrollo legislativo de los Bancos de Conservación, provocaría la obtención de unos Créditos Ambientales a la propiedad privada, fruto de las inversiones que se realicen destinadas a la mejora de la biodiversidad, créditos que deberían adquirir aquellas empresas cuyas inversiones provoquen impactos ambientales.
