Funcionarios de las cárceles de Extremadura piden una oferta pública de empleo que cubra las "necesidades reales"

Ep.

Unos 50 funcionarios de los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres se han concentrado este jueves frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Cáceres para pedir una oferta de empleo público que cubra las necesidades "reales" de las dos cárceles extremeñas.

Desde la organización sindical Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), que ha convocado la protesta, se señala que llevan "varios" años sin tener concurso de empleo público e indican que a nivel nacional hay unas 2.855 plazas vacantes sin cubrir, de ellas, en la región hay 95 plazas sin cubrir (70 en Cáceres y 25 en Badajoz).

Así lo ha asegurado el delegado autonómico de Acaip en Extremadura, Dionisio Iglesias, quien ha dicho que estas vacantes afectan a los empleados que están en este momento trabajando en los citados centros, pues en los módulos de 120 internos, ahora suelen estar dos funcionarios.

Asimismo, indica que ahora que llega la época de vacaciones la plantilla "se ve reducida al mínimo", al tiempo que manifiesta que "tienen que dilatar el tiempo vacacional al máximo", es decir, empezar a coger vacaciones en el mes de junio y terminar en el mes de octubre o noviembre para que "toda la plantilla pueda irse de vacaciones".

PLANTILLA ENVEJEVIDA

En esta línea, Iglesias ha hablado de que a falta de personal, puede darse la posibilidad de que haya "más incidentes" o "menos seguridad". A este problema, se le suma el envejecimiento de la plantilla, según ha explicado el dirigente sindical, pues actualmente a nivel nacional, el 38 por ciento de los empleados públicos penitenciarios tiene más de 51 años y solo un 23 por ciento son menores de 40 años.

"Esto es más acuciante en el centro penitenciario de Cáceres, en el cual más del sesenta por ciento de los empleados públicos tiene entre 53 y 62 años y menor de 40 años no hay ningún empleado", ha puntualizado Iglesias.

También, señala que a primeros de julio se abrirá un módulo del centro penitenciario de Cáceres, que hasta este momento estaba en obras, por lo que llegarán más internos. "Empeora la situación porque al tener que abrir ese nuevo módulo a primeros de julio, hay otro servicio que hay que cubrir para ese nuevo departamento", añade.

Otra de las reivindicaciones es una regulación específica para solucionar los problemas de su colectivo; volver a depender del Ministerio de Justicia; recuperar las pérdidas retributivas existentes; la reorganización del Centro Directivo y el cese del actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.

También piden que se retire la seguridad privada de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios y dotarla con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y garantizar unos sistemas de Salud Laboral y de defensa de los funcionarios ante agresiones por parte de la población reclusa, ha detallado Iglesias.

CAMBIO DE RUMBO DE LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

Por su parte, el presidente nacional del sindicato Acaip, José Luis Pascual, ha dicho que es "necesario" un cambio de rumbo de la institución penitenciaria, la cual está en una situación "absolutamente caótica" "por falta de personal; falta de dirección y estrategia, que impide que el servicio público se ejerza con unas condiciones idóneas", ha detallado, al tiempo que ha señalado que todo ello viene "motivado fundamentalmente" por "la dejadez" que Ángel Yuste "está teniendo con la institución penitenciaria".

"Está poniendo al borde de la quiebra la propia institución", ha recalcado Pascual, y ha señalado que la falta de personal en el 25 por ciento de plazas sin cubrir del centro de Cáceres "es una muestra clara y evidente de que nuestras reivindicaciones no solamente son por cuestiones laborales, sino que son por la propia prestación del servicio público".

Tanto Dionisio Iglesias como José Luis Pascual han sido recibidos por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, quien ha asegurado a los medios de comunicación que "se compromete" a trasladar estas reivindicaciones laborales al Ministerio del Interior.