29 mayo 2017
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Las organizaciones sindicales de UGT y CCOO de Extremadura no descartan la posibilidad de una huelga general de Correos en Extremadura si se mantiene el "recorte" de un tercio de su financiación pública en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Así lo han manifestado el secretario general de FSC-CCOO de Correos Badajoz, Pedro Sánchez Martín, y la secretaria regional de UGT- Correos, Mercedes Ardila Cazorla, este lunes, 29 de mayo, en rueda de prensa.
El "recorte" que está sufriendo Correos en Extremadura en los Presupuestos Generales del Estado, según ha señalado el secretario general de FSC-CCOO de Correos Badajoz, es de "60 millones de euros menos de los 180 millones" que está estipulado el coste del servicio postal universal.
De esta manera, ha subrayado que este "recorte" conllevaría la reducción de un tercio de la plantilla de Correos en Extremadura, lo que supondría la pérdida de unos 500 puestos de trabajos, de los 1500-1700 que hay en Extremadura. Además, se llevaría a cabo "el cierre de cientos de puntos de atención al cliente en Extremadura, reducción de horarios y cierres de oficinas".
Asimismo, las zonas "más perjudicadas" serían las rurales ya que Correos en Extremadura pasaría de prestar el servicio postal de cinco días a una vez a la semana en cada localidad, o incluso el propio ciudadano tendría que desplazarse a recoger su correspondencia, apunta.
Así, Pedro Sánchez Martín considera que el "recorte" ha sido totalmente "un palo" para las organizaciones sindicales de UGT y CC.OO, y ha añadido que si sigue así la situación "no habrá otra cosa que hacer movilización y llegar a una huelga general".
En este sentido, la secretaria regional de UGT- Correos, define este "recorte" como "precariedad en el trabajo" y ha lanzado un mensaje pidiendo que repongan ese dinero y que "echen bien las cuentas".
Mercedes Ardila ha destacado que a Correos le regula la ley 43/2010 que "a día de hoy no se ha desarrollado" y en la que se "garantiza" la protección al servicio, garantizando puestos de trabajo, calidad del servicio a los ciudadanos y para las empresas, y en la que el Estado tiene la obligación legal de financiar, a través de los Presupuestos Generales del Estado, este servicio público.
