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Región Digital

Más beneficios que perjuicios

26 febrero 2014

Las leyes, y las normas en general, no pueden ser eternas, ni nacer con voluntad de perdurar en el tiempo de forma indefinida, de ahí que se haga necesaria su adaptación a la evolución y realidad social

Las leyes, y las normas en general, no pueden ser eternas, ni nacer con voluntad de perdurar en el tiempo de forma indefinida, de ahí que se haga necesaria su adaptación a la evolución y realidad social, satisfaciendo sus pretensiones y ajustándose a los principios de justicia, obligatoriedad y universalidad.

En este sentido, la legislación electoral no iba a ser diferente, y es que no es la primera vez que, desde las distintas fuerzas políticas se reclaman modificaciones en el régimen electoral.

Estas modificaciones, reclamadas por prácticamente la totalidad de la ciudadanía, se centran en cuatro pilares fundamentales: a) listas electorales abiertas o desbloqueadas, b) garantía legal de que gobernará el partido más votado, c) reducción del número de diputados, d) rebajar el umbral de representatividad.

Por lo que respecta al sistema de listas abiertas, la implantación de la misma sería positiva, ya que permitiría a los electores, como titulares de la soberanía nacional, fortalecer el derecho ciudadano a elegir a quienes consideran los mejores representantes, y no el más fiel colaborador de las autoridades orgánicas de los aparatos de los partidos.

En cuanto a la garantía de que gobernará la candidatura más votada, creo que es algo intrínseco del sistema democrático, pues lo contrario sería hacer caso omiso a la voluntad popular como detentadora de la soberanía nacional, anteponiendo la voluntad del representante sobre el representado, convirtiéndose en la mayor transgresión de la que puede ser objeto el sistema de representación democrática. Por ello se hace imprescindible que dicha garantía se consagre mediante una ley, necesaria para confirmar el principio de legalidad.

No puedo mostrarme igual de conforme en lo relativo a la propuesta de reducción del número de diputados, ya que en este caso la pretensión no es mejorar el sistema electoral y con ello el democrático, sino que su fin último es el del recorte, fin que sería fácilmente alcanzable con otras medidas, sin necesidad de reducir su número, pues de lo contrario, al final siempre paga el mismo, el ciudadano, que ve como sufre un nuevo recorte, esta vez en el número de sus representantes, sufriendo, en un futuro no muy lejano, las consecuencias de la “falta de personal”.

Finalmente, en cuanto a la cuarta de las propuestas, rebajar el umbral de representatividad, el acceso al Parlamento extremeño no debe quedar vetado para los representantes de los ciudadanos, y no quiero decir con esto, que toda formación política que obtenga al menos un voto deba tener representación en la Asamblea, sino que el acceso debe flexibilizarse, permitiéndoselo a aquéllos que por ser suficientemente representativos puedan contar con representación, flexibilidad que se lograría reduciendo el umbral mínimo de representatividad.

Dicho sea de paso, y con los mismos razonamientos, no estaría demás utilizar la misma vara de medir con respecto a la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal, reduciendo el umbral actual del 10%, y reconociendo a más sindicatos la singular posición jurídica a efectos tanto de participación institucional como de acción sindical, con lo que se haría justicia a la evolución y realidad social que estamos viviendo en la actualidad.

OPINIÓN DE NUESTROS LECTORES

Julio 18:28 27 febrero 2014

Estoy de acuerdo con Benito, una reflexión muy acertada en lo referente a la representividad sindical.

Pedro 17:56 26 febrero 2014

Sólo decir que estoy de acuerdo en todo, menos en que no se debe reducir el número de diputados, yo creo que si se debe y se puede reducir el número de diputados...........

JOSE GONZÁLEZ MONGE 16:54 26 febrero 2014

Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Benito Román , sobre todo en lo referente a representatividad Sindical , considero que CSI-F debería tener el mismo derecho institucional que UGT y CCOO.

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