Por “enésima” vez el Gobierno de Rajoy recurre a la congelación salarial de los empleados públicos para conseguir un ahorro directo a las arcas del Estado.
Por cuarto año consecutivo, es este colectivo el que paga los platos rotos. Primero fue la rebaja de un 5% de media del salario (base, trienios y complementos) de los empleados públicos. A esto, le siguieron tres años de congelación salarial. De tal forma que, si tenemos en cuenta el aumento de los precios entre 2010 y 2013, la subida de impuestos, la pérdida de parte de los ingresos en caso de incapacidad temporal y la supresión de la paga extra, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos oscila en torno a un 30%.
En este sentido, como empleado público en Extremadura, sería injusto no reconocer el esfuerzo que viene realizando el Gobierno extremeño para mitigar las consecuencias de unas medidas totalmente injustificadas.
Continuaron con la congelación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), sin descartar hacer lo mismo con el salario mínimo interprofesional (SMI), aunque la decisión aún no esté tomada. Se trata del tercer año consecutivo de congelación de este indicador que se utiliza para determinar el acceso a las ayudas a vivienda, becas, subsidios por desempleo o asistencia jurídica gratuita, entre otras.
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha congelado la cantidad destinada a la Mutualidad de General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en un 0,10 por ciento, por lo que se fija en 1.588.000 euros, realizando, a sí mismo, recortes en diferentes prestaciones sanitarias. Esta congelación, también se extiende a los funcionarios de la Administración de Justicia acogidos a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y a los miembros del Ejército y Guardia Civil, adscritos al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en otro 0,10 por ciento, sumándose así a los muchos recortes que han sufrido los empleados públicos desde el principio de la crisis.
Por otra parte, tal y como estaba previsto, el Ejecutivo, ha congelado la prima que reciben las compañías sanitarias, lo que previsiblemente supondrá la salida de Muface de alguna de ellas (Sanitas, Asisa, Adeslas, DVK, CASER) el próximo mes de enero.
Finalmente, el Gobierno congela la renta de ayudas sociales por cuarto año consecutivo.
Con este panorama, debemos preguntarnos si pararán las congelaciones o si, por el contrario, continuará la devaluación de rentas en España con motivo de la crisis, y su repercusión sobre el consumo privado.
Y es que no podemos negar que la disminución de los ingresos, y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, supone una merma considerable sobre la capacidad de compra de las familias, tan necesaria para superar la tan manida crisis. Y siguiendo con la cadena, las congelaciones de ingresos deterioran enormemente a la llamada clase media, aquélla que, según los expertos, declara unos ingresos brutos que se sitúan entre los 20.000 y los 100.000 euros anuales (teniendo en cuenta que estos son los márgenes existentes entre la clase media baja y la alta). Y es que, la clase media no depende tanto del nivel de ingresos sino de los ahorros. Según las últimas estadísticas, dicha clase media ha pasado de los 26.000 euros anuales en el año 2007, a los 24.500 euros anuales en el año 2013, lo que supone una pérdida de sus ingresos en torno a los 2.500 euros, cubriendo así sus necesidades básicas pero disminuyendo enormemente su capacidad de ahorro.
Resulta evidente que uno de los impulsores principales del consumo básico -que no del de lujo- es la clase media, clase que ha venido manteniendo el modelo económico actual. Como ya vienen augurando algunos expertos, la destrucción de empleo y la degradación de la protección social acabarán con la clase media y con ella, con el consumo en los términos conocidos hasta la fecha, no retornando el modelo actual a la casilla de salida.
Estoy seguro de que aún estamos a tiempo de modificar nuestro “destino” evitando un modelo en el que la calidad de vida será peor, con una esperanza de vida más baja provocada por el deterioro de los servicios sociales. Aprovechemos la crisis para aprender de los errores y salir reforzados de ella.
