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El cobro de la deuda histórica servirá para mejorar los servicios públicos

08 octubre 2013

Hace ya 30 años, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura plasmó el compromiso que, a partir de su aprobación, asumía el Estado español con todos los extremeños, compromiso que dio en llamarse “deuda histórica”.

Hace ya 30 años, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura plasmó el compromiso que, a partir de su aprobación, asumía el Estado español con todos los extremeños, compromiso que dio en llamarse “deuda histórica”.

Desde entonces, los distintos ejecutivos autonómicos han negociado, a través de la comisión mixta de transferencias entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de determinar el cuando, el cuanto y, especialmente, el destino que se ha de dar a la cantidad recibida.

Dicho esto, procede preguntarnos ¿qué es la deuda histórica? y ¿en qué importe debería cuantificarse?. Como ya se ha anticipado, la deuda histórica es un compromiso que se reclama al Estado español en virtud del cual éste deberá, mediante la aportación de una determinada cuantía, compensar la falta de oportunidades y el retraso experimentado por la comunidad extremeña. Para entender esto es necesario remontarse a los primeros años de la década de los ochenta, con la creación del estado de las autonomías. La Constitución Española dispone que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Asimismo establece que “en los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.”

En el contexto histórico en el que nos situamos, nuestra Comunidad Autónoma ha sido olvidada por parte del Estado español, recibiendo la transferencia de servicios públicos pero no, al menos en la cuantía necesaria, de los medios económicos para su prestación al nivel medio que el resto de España. La falta de inversiones en nuestra comunidad pone de manifiesto un bajo nivel de los servicios públicos, resultando indudable la relación directamente proporcional entre las inversiones y la calidad de éstos, a mayor financiación mayor calidad. Este hecho tuvo una drástica consecuencia en el escaso nivel en sectores tan relevantes como la sanidad y la educación, pilares fundamentales de cualquier sociedad. Baste como ejemplo el hecho de que, en el año 2013 la Comunidad de Madrid ha destinado a sanidad 5.826.740.415 euros más que la extremeña, y a educación 3.185.275.513 euros más.

Por lo que respecta a la cuestión sobre el destino que debe darse a la cuantía recibida en concepto de deuda histórica desde CSI-F, siendo coherentes con la realidad, consideramos que la cuantía recibida en concepto de deuda histórica, finalista por definición, debe ser destinada a tratar de minimizar las consecuencia que para Extremadura tuvo el ya referido retraso socioeconómico, es decir, a mejorar en términos cuantitativos y cualitativos los servicios públicos, repercutiendo así en la calidad de vida de los extremeños, en particular, sanidad, educación, infraestructuras e industria, siendo estos cuatro sectores fundamentales para el desarrollo de la región, recorriendo parte del camino perdido con respecto a otras regiones.

En este sentido, y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, adoptemos las medidas necesarias para evitar que de tales diferencias - el predominio del mundo rural, los condicionantes históricos de su desarrollo socioeconómico y la baja densidad de su población y su dispersión, entendida como dificultad relativa de acceso a los servicios y equipamientos generales- se deriven desigualdades frente al conjunto del Estado y se corrijan las existentes.

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