Junta: Gobierno debería haber declarado emergencia nacional tras crisis migratoria Ceuta

31 julio 2026 | Publicado : 14:07 (31/07/2026) | Actualizado: 00:57 (01/08/2026)

De esta forma, lo ha señalado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, recalcando que el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional tras la crisis migratoria en Ceuta.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta ha lamentado que el Ejecutivo nacional se "introduce" en causas en las que "nadie llama" al Gobierno de España y, sin embargo, no "quiere jugar" las causas de la defensa de fronteras, la integridad territorial, la seguridad nacional y la "propia convivencia".

Según Bautista, "que no quiera jugarlas el presidente del Gobierno ejerciendo y utilizando las herramientas que le da la legislación nacional para poder establecer los mecanismos que garanticen esa seguridad, esa integridad territorial, nuestra frontera, llama mucho la atención y da la sensación de que está a otros intereses que no son precisamente los intereses de nuestro país, los intereses de nuestra ciudadanía".

LAMENTA DE LA PRESIÓN SE TRASLADA AL RESTO DE COMUNIDADES

El vicepresidente de la Junta ha cuestionado al mismo tiempo que la presión que está sufriendo Ceuta, y que "ya no puede soportar más", se traslada al resto de comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, destacando que "los sistemas están como están", añadiendo que "ya no dan más" y que están "absolutamente tensionados", por lo que "ya no vale tampoco con los recursos extraordinarios".

De este modo, Bautista ha incidido en que no puede recaer en las comunidades autónomas "recursos extraordinarios, tras recursos extraordinarios, tras recursos extraordinarios porque es imposible", algo que dice "sin ánimo absolutamente de señalar a nadie y sin ánimo ni mucho menos de confrontar con nadie".

Ha añadido que "lo digo por una cuestión de practicidad del sistema, sin ningún tipo tampoco de ideología. Aquí lo ha dicho la presidenta muchas veces. Evidentemente tenemos una obligación que es la de proteger a los menores, pero con unas garantías. Son personas, son seres humanos que merecen un tratamiento digno".

Para Bautista, no se puede es "imponer" a las comunidades "sin financiación, sin ayuda, sin ningún tipo de seguimiento" y sin permitir "ni siquiera acceso a determinados historiales".

En este sentido, ha incidido en que las comunidades tienen la obligación de proteger los derechos y tutelar a los menores, pero ha apuntado que los "menores que llegan aquí inicialmente como menores a veces son adultos" y "otros que previsiblemente son adultos, pero sin embargo no se autorizan tampoco las pruebas de edad por parte de Fiscalía, porque no es una cuestión sistemática tiene que haber indicios suficientes".