05 septiembre 2017 | Publicado : 13:09 (05/09/2017) | Actualizado: 15:13 (05/09/2017)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la convocatoria de los programas I y II del Plan de Empleo Social, al amparo del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en Extremadura, el cual permitirá la contratación de 4.000 personas.
Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, durante la rueda de prensa celebrada en Mérida con posterioridad a la reunión semanal del Gobierno autonómico, quien ha especificado que el crédito total destinado a la financiación de esta convocatoria es de 24.000.000 euros en dos programas: el Programa I contará con 19.200.000 euros y el Programa II con 4.800.000 euros.
En concreto, el Plan de Empleo Social nació en 2015 como iniciativa del Gobierno regional, en colaboración con las diputaciones provinciales y los agentes sociales y económicos de la región, para “afrontar la difícil situación” económica y de desempleo que vivía la Comunidad Autónoma.
Así pues, se lleva a cabo por tercera vez en esta legislatura, estableciendo la concesión de ayudas para la creación de empleo mediante la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, para la ejecución de actuaciones como servicios de utilidad, medio ambiente, desarrollo cultural, asistencia social, apertura de centros públicos o cualquier otro destino para facilitar la inserción socio-laboral.
De este modo, se consideran beneficiarias las personas desempleadas de larga duración, aquellas que en los últimos doce meses no hayan trabajado más de 30 días, sin prestación contributiva por desempleo, y que las rentas o ingresos de la unidad familiar de convivencia no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como informa la Junta en una nota de prensa.
Concretamente, el Programa I está dirigido a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma, y el Programa II a entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de economía social, pequeñas y medianas empresas, incluidos autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y mercantiles, agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, así como profesionales colegiados radicados en Extremadura.
Por ello, con la modificación de las bases reguladoras se establecen “obligatorias” para el Programa I actuaciones complementarias que consistirán en la participación en sesiones de motivación y autoempleo de cara a “mejorar la empleabilidad”, una vez finalicen las contrataciones objeto del Plan.
“DAR UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO”
Cabe destacar que en sus dos convocatorias anteriores este Plan permitió la contratación de un total de 7.698 personas mediante dos programas: uno dirigido a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma (6.306 contrataciones) y un segundo programa dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de economía social, pequeñas y medianas empresas y autónomos (1.392 contrataciones).
Por tanto, estos datos han sido calificados por la portavoz de la Junta de Extremadura como un “éxito” a pesar de que “haya hoy voces en la región que siguen cuestionando el Plan de Empleo Social”. Además, ha destacado el apoyo de las diputaciones a estos programas con los que se pretende “dar una oportunidad de empleo” a parados de larga duración y a familias sin recursos.
Asimismo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la firma del convenio entre la Consejería de Educación y Empleo, a través del SEXPE, y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para la financiación del Plan de Empleo Social. Las diputaciones aportarán 6 millones de euros cada una de ellas, mientras que el SEXPE aportará 12 millones de euros.
Estos fondos servirán para financiar la contratación de personas desempleadas de larga duración por parte de los municipios de ambas provincias con una población inferior a los 20.000 habitantes, así como por parte de pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y empresa de economía social, concluye la Junta.
