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Extremadura tiene un superávit de 3.833 plazas en residencias de mayores, según un estudio

España tiene un déficit de más de 75.000 plazas en residencias de mayores. Al finalizar 2020 había 5.529 centros residenciales, 13 menos que en 2019.

10 enero 2022 | Publicado : 13:16 (10/01/2022) | Actualizado: 16:32 (10/01/2022)

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura tiene un superávit de 3.833 plazas en residencias mayores, según recoge un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado con cifras del Imserso y recogido por Europa Press.

En total, Extremadura contó en 2020 con un total de 15.047 plazas residenciales para personas mayores. De ellas, 6.536, el 43,4 por ciento son privadas, y 8.511 son plazas públicas, el 56,6 por ciento.

En el conjunto del país, España tiene un déficit de más de 75.000 plazas en residencias de mayores. Según el informe, al finalizar el año 2020 había 5.529 centros residenciales en España, 13 menos que el año anterior, 1.451 de ellos públicos (16 más que el año anterior), y 4.078 privados (29 menos que antes de la pandemia). En cuanto a las plazas, había 389.677, "solo 643 más que un año antes".

El resultado, según precisa la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es "un mayor déficit de plazas residenciales año a año". En 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) --cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años--, y en el último año este déficit alcanza las 75.699 plazas.

Además, atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, el informe detalla que serían necesarias "de manera inmediata no menos de 62.000 plazas" residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).

Según datos oficiales del Imserso, correspondientes a noviembre de 2021 y recogidos por la Asociación, hay en lista de espera 91.729 personas con Grado II y III, a los que hay que sumar 67.000 pendientes de valorar y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 158.729 personas.

La asociación estima que cuatro de cada diez de ellos demandarían un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación vinculada a ese servicio. De ahí la previsión de que serían necesarias entre 62.000 y 63.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera, el denominado "limbo de la dependencia".

Por comunidades autónomas, el informe pone de relieve que aquellas con mayor déficit de plazas son Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, con 30.236, 22.860 y 14.331 respectivamente. Mientras, en cinco comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.541.

Por otro lado, el informe revela que casi dos de cada tres plazas residenciales de mayores son de financiación pública, el 63,2 por ciento del total, que incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Este porcentaje, según apunta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha ido aumentado "ligeramente" en los últimos años, de manera que al finalizar 2020 suponían 2,65 por cada 100 personas mayores de 65 años.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Aragón y Extremadura. Por el contrario, aquellas con menos plazas de financiación pública son Canarias y Murcia, que no alcanzan un 1,5 por ciento. Por su parte, Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5%) que las de financiación pública (1,86%), según el estudio.

La asociación también destaca como "significativo" que un año y nueve meses después del inicio de la pandemia, aún no se haya recuperado el número de plazas residenciales en el Sistema de Atención a la Dependencia: en febrero de 2020 eran 171.119, y en noviembre de 2021, 169.399 es decir, 1.720 plazas menos.

Además, lamenta que el Ministerio de Derechos Sociales presente un 'Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad' en materia residencial sin incorporar una memoria valorativa de las inversiones necesarias para la cobertura de centros ni sus costes.

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