09 agosto 2018
La Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España (Adicae) en Extremadura ha hecho un llamamiento a todos los extremeños afectados por la venta del Banco Popular para que se unan a la Plataforma colectiva que se ha creado, a través de la cual "aún existen opciones de recuperar los ahorros perdidos" tras la venta de la entidad al Banco Santander.
Para ello, Adicae mantendrá abierta su sede de Cáceres todo el mes de agosto y la de Badajoz desde el día 20 para ofrecer información a los afectados, ya que "esta Plataforma es en estos momentos el mejor instrumento de defensa que hay".
La asociación advierte de que "los afectados tienen defensa y no tiene por qué ser en primer lugar y de inmediato judicial", añadiendo que "hay que salir con una actuación especial que impida que la confianza de los ahorradores vuelva a verse defraudada y hay que ofrecer defensa colectiva. Y a ser posible extrajudicial".
Las plataformas colectivas están creadas para mostrar a la UE que son "cientos de miles de ahorradores los afectados" por esa resolución. Sobre la reciente decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) en contra de los accionistas y acreedores de la entidad, Adicae recuerda que se trata de un organismo técnico, cuyas decisiones están siendo cuestionadas en toda Europa, que ha usado el caso del Banco Popular como "conejo de indias abandonando la defensa de la mayoría de los accionistas pequeños ahorradores".
En España, el caso del Popular es un "caso flagrante de una actuación oscura de la JUR que concluyó en otra operación aún más oscura de la venta al Santander por un euro que está siendo investigada penalmente" con la personación de Adicae como acusación popular y acusación particular de varios miles de afectados.
Además, dejando de lado cualquier atisbo de transparencia, la JUR ha negado partes importantes del informe de Deloitte, que sirvió para justificar la resolución, tanto a los accionistas, como a la propia Audiencia Nacional.
Para la asociación, toda esta estrategia es para "desmoralizar y asustar" a esas 300.000 familias españolas que se han visto perjudicadas por esa resolución, en lugar de buscar una posible viabilidad o rescate como pasó con Bankia. Son 300.000 ahorradores que "confiaban en la entidad y en la supervisión financiera que ha quedado totalmente en tela de juicio".
