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08 July 2026 | Publicado : 11:56 (08/07/2026) | Actualizado: 12:08 (08/07/2026)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 8 de julio, el acuerdo de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se incoa el procedimiento para la declaración de la Antigua Prisión Provincial de Cáceres, conocida como Cárcel Vieja, como Lugar de Memoria Democrática.
En concreto, según informa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se trata de que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros, por su defensa de la libertad y la justicia, "no se borre nunca de la historia".
Además, según recuerda el departamento ministerial, el recinto penitenciario comenzó a construirse en la etapa republicana en la avenida Héroes de Baler de la capital cacereña, siendo alcalde de Cáceres el socialista y ugetista Antonio Canales, con un proyecto que contemplaba 145 plazas, 130 hombres y 15 mujeres. El golpe de Estado de 1936, que triunfó en la ciudad de Cáceres y en buena parte de la provincia, representó un cambio sustancial en el uso de la todavía inacabada nueva prisión.
En agosto de 1936 comenzaron a ingresar en la ya denominada "cárcel nueva" personas consideradas "peligrosas" por las nuevas autoridades militares golpistas, debido a sus responsabilidades institucionales, políticas o sindicales, convirtiéndose así el recinto en importante centro de reclusión de opositores políticos al nuevo Estado franquista en construcción durante la Guerra de España.
Además, expedientes carcelarios del Archivo Histórico Provincial de Cáceres sitúan en torno a 1.100 el número de presos -en su mayoría de carácter político- en noviembre de 1937. Asimismo, se tiene constancia de que al menos 338 reclusos procedentes de las prisiones "vieja" y "nueva" de Cáceres fueron asesinados por los sublevados antes del 1 de abril de 1939, entre ellos, el alcalde de la ciudad, Antonio Canales, fusilado junto a otros treinta y cuatro hombres el 25 de diciembre de 1937.
A su vez, al menos 19 presos fallecieron también dentro de la prisión antes de finalizar la contienda. Durante los primeros años de posguerra se produjo un notable incremento de reclusos. En 1939, la población penitenciaria superaba ampliamente el millar. El padrón municipal de 31 de diciembre de 1940 eleva la cifra a 2.516 personas censadas en la 'Prisión Nueva', si bien no distingue entre presos políticos y comunes.
Esa cifra fue descendiendo en años posteriores, con 1.170 reclusos a comienzos de 1942 y 725 en 1943. Durante este periodo fallecieron en el establecimiento al menos 130 personas. Por otro lado, al menos 129 personas fueron ejecutadas por piquetes militares entre el 1 de abril de 1939 y el 4 de septiembre de 1943, fecha en la que tuvo lugar la última ejecución en la ciudad de Cáceres, según detalla el Ministerio.
A comienzos de la década de 1960, alrededor de 200 presos antifranquistas, procedentes de diversas provincias españolas, permanecían recluidos en sus instalaciones. Los expedientes carcelarios de estas personas, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres (para aquellas cuyo primer apellido comienza por las letras A a G) y en el Centro Penitenciario de Cáceres (letras H a Z), constituyen una prueba documental inequívoca de su condición de personas represaliadas por su defensa de la legalidad republicana y su oposición a la dictadura.
REIVINDICACIÓN DE AMECECA
Por ello, la Asociación Memorial Cementerio de Cáceres (Amececa), que ha solicitado desde hace años esta declaración, asegura que la documentación incorporada al expediente pone de manifiesto la relevancia histórica de este edificio, por el que pasaron centenares de hombres y mujeres represaliados "por defender la legalidad democrática, los derechos de los trabajadores y las libertades públicas", según informa en una nota de prensa.
Entre ellos se encontraba el alcalde republicano de Cáceres, Antonio Canales, fusilado en diciembre de 1937 tras haber impulsado años antes la construcción del propio establecimiento penitenciario. De este modo, Amececa considera que la declaración de la Antigua Prisión Provincial como Lugar de Memoria Democrática "supone el reconocimiento institucional de uno de los espacios memoriales más importantes de la ciudad de Cáceres y de toda Extremadura".
"Este edificio forma parte del mapa de la represión franquista y constituye un testimonio material imprescindible para comprender lo ocurrido durante la Guerra de España, la dictadura y la lucha por la recuperación de las libertades democráticas", recoge la nota, en la que se destaca la importancia de avanzar en la recuperación social, cultural y pedagógica de este inmueble.
Amececa considera que los lugares de memoria no son únicamente espacios de recuerdo, sino que "son también herramientas de conocimiento y reflexión colectiva que permiten transmitir a los jóvenes los valores democráticos y los derechos humanos", por lo que la conservación de estos espacios "contribuye a explicar las consecuencias de la intolerancia, la persecución política y la vulneración de las libertades fundamentales".
CENTRO CÍVICO
En este sentido, Amececa recuerda que, tal y como se recoge en el manifiesto aprobado por la asociación, el objetivo para la antigua Prisión Provincial de Cáceres es su transformación en un Centro Cívico Memorial de titularidad pública estatal, dedicado a la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz.
Este proyecto permitiría preservar y dignificar uno de los principales escenarios de la represión franquista en Extremadura, al tiempo que recuperaría el inmueble para el conjunto de la ciudadanía como un recurso cultural de referencia, un espacio para la divulgación histórica, la actividad educativa y la participación social.
"Esta declaración debe servir para impulsar acciones de investigación, divulgación, señalización e interpretación histórica que permitan a la ciudadanía conocer lo sucedido entre estos muros y honrar la memoria de quienes padecieron la represión", destaca Amececa, que añade que el reconocimiento oficial de este lugar constituye también "un acto de reparación moral y de dignificación hacia las víctimas y sus familias".
Amececa confía en que el procedimiento ahora iniciado concluya favorablemente con la declaración definitiva del inmueble como Lugar de Memoria Democrática y reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas, investigadores, organizaciones memorialistas y familiares para seguir avanzando en la recuperación y preservación de la memoria de las víctimas de la represión franquista.
Finalmente, el inicio del expediente constituye una reivindicación histórica de familiares de las víctimas, investigadores, entidades memorialistas y por "todas aquellas personas comprometidas con la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria democrática", concluye.
