19 marzo 2019
Ep.
Políticos de diverso signo, técnicos, ecologistas y promotores del Complejo Isla de Valdecañas, construido en la cola del pantano del mismo nombre en Cáceres, han participado este martes en Cáceres en una jornada de debate para arrojar un poco de luz sobre el futuro de este proyecto turístico, sobre el que pesa una orden judicial de derribo por haberse construido en un espacio protegido medioambientalmente.
El acto, organizado por el Instituto para el Territorio y Desarrollo Sostenible (Interra), se ha desarrollado en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura (UEx), y ha contado con dos mesas redondas, una de políticos y otra de técnicos.
En el primer debate, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha pedido "prudencia" porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) está analizando el asunto y se ha pedido más información. García ha recordado que el PSOE es partidario de "compatibilizar el desarrollo económico y medioambiental", por lo que aboga por "buscar una posición de equilibrio" y que "puedan convivir todos los intereses".
"La decisión del tribunal debe ser ajustada a derecho", ha subrayado el portavoz socialista, que ha apostado por que los políticos "hablen poco" para que el TSJEx tenga la última palabra.
Desde las filas del PP, la portavoz parlamentaria Virginia Alberdi, ha calificado el asunto de "controvertido" y ha criticado que "se ha hecho mal desde el principio" porque los gobernantes de entonces "se creían dioses" al declarar un Proyecto de Interés Regional (PIR) y "estar por encima de espacios protegidos".
Respecto a la sentencia de derribo, Alberdi defiende que "no tienen que pagarlo los extremeños" y, si finalmente la Junta de Extremadura tiene que derribarlo, "habrá que pedir responsabilidades de los que dieron la autorización para la construcción", ha defendido. "Que Fernández Vara diga de dónde va a sacar el dinero", ha concluido.
La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene de Miguel, aboga por cumplir las sentencias judiciales y, en este caso, la Junta "ya está tardando en hacerlo", ha dicho. No obstante, también cree que "no debe repercutir en los bolsillos de los extremeños", ya que hay unos responsables políticos y técnicos que "tendrán que responder de manera patrimonial con los gastos que esto va a conllevar".
"NO HUBO BUENA FE"
"Nadie actuó de buena fe, ni los políticos, ni los promotores, ni los constructores, ni siquiera los propietarios porque todo el mundo sabía que se estaba edificando sobre suelo ilegal y sobre una zona protegida", ha recalcado De Miguel que insiste en que "sí hay que cumplir la sentencia porque nadie puede saltarse las leyes".
Finalmente, el portavoz regional de Ciudadanos, Cayetano Polo, aboga por mantener el complejo turístico en pie porque Extremadura necesita este tipo de infraestructuras para su desarrollo social y económico.
"Es más, creemos que el proyecto debería haberse desarrollado en su totalidad porque lo fundamental es asegurar que los extremeños podamos tener oportunidad de desarrollar nuestras profesiones en la tierra y evitar que haya que marcharse", ha dicho.
"La mayor especie en peligro de extinción en Extremadura es el ser humano porque en Extremadura no existe un problema de medio ambiente sino de empleo y de jóvenes que se marchan", ha sentenciado.
Tras esta mesa de políticos, ha sido el turno de la integrada por especialistas y técnicos conocedores de la situación del Complejo Isla de Valdecañas.
En ella han participado el catedrático de Ecología de la Universidad de Extremadura José Carlos Escudero García; el director del Cluster de Turismo, Jesús Viñuales Blanco y el ingeniero de Medio Natural de la universidad extremeña Yonatan Cáceres Escudero.
También ha participado en esta mesa el promotor e ingeniero de Caminos, José María Gea Andrés, que ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse en 2003, por lo que le parece "increíble" que después de 16 años no se haya solucionado este asunto, en el que se invirtieron unos 140 millones de euros y se crearon 100 puestos de trabajo durante su construcción.
Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción, José María Trillo, entiende que el informe de la Estación Biológica de Doñana ha sido "contundente" respecto el "impacto" que ha supuesto la urbanización sobre la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), ya que recoge que la restauración de la legalidad en la isla tendría "mucho menos impacto ambiental y sería mas beneficioso" que el mantenimiento de la urbanización.
"Pedimos la restauración de la legalidad porque se urbanizó un espacio protegido utilizando una figura urbanística que no era la adecuada para ese desarrollo, y se hizo sin motivación del interés general porque no se ha acreditado el desarrollo comarcal. No se puede permitir que se urbanicen los espacios naturales", ha concluido en declaraciones a los medios.
