15 mayo 2018
Ep.
El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) no va a presentar recurso contra el auto dictado el pasado 8 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) decretaba el sobreseimiento de la causa por prevaricación administrativa contra los exconcejales de urbanismo placentinos Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho.
El alcalde placentino, Fernando Pizarro, ha dado a conocer esta decisión este martes a preguntas de los periodistas, en donde ha asegurado que ha habido un amplio estudio y debate en el ayuntamiento con el departamento jurídico y finalmente se ha decidido no presentar recurso, ya que "el proceso continúa en otra instancia", en la que seguirá personado el Consistorio.
Con ello, el alcalde ha manifestado que no "se va contra nadie" sino que se trata de defender "los intereses de la ciudad", algo que se podrá defender en la causa que vuelve al juzgado Nº1 de la ciudad de Plasencia.
El auto del pasado 8 de mayo daba por cerrada la vía del TSJEx en la causa conocida como Santa Bárbara en la que se investiga los posibles delitos de prevaricación administrativa y delito de omisión del deber de perseguir delitos contra la exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco y los que fueran concejales de urbanismo en sus gobiernos Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho.
El auto decreta sobreseimiento libre de la causa para los concejales, pero no así para la exalcaldesa de Plasencia.
Motivo por el que se devuelve la causa al juzgado nº1 de la ciudad del Jerte, una vez que queda fuera de la misma Victoria Domínguez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura y, por tanto, aforada.
Por tanto, y a la espera de la resolución al recurso de apelación anunciado por la fiscalía, será el juzgado placentino el que investigue el presunto delito de prevaricación administrativa omisiva contra la exalcaldesa de Plasencia.
El caso nace de una denuncia anónima a la fiscalía placentina en la que se acusaba a los exmandatarios de no actuar con la diligencia debida a un servidor público a la hora de cumplir con la ley del suelo de Extremadura y permitir la construcción de viviendas ilegales en la Sierra de Santa Bárbara de la ciudad.
