09 agosto 2017
El Área de Infraestructuras de Podemos Extremadura ha criticado las "nefastas consecuencias" que la privatización del agua ha traído a los vecinos de la localidad cacereña de Sierra de Fuentes.
En nota de prensa, Podemos ha considerado que la "oleada de privatizaciones" en dicho servicio así como los "sucesivos despropósitos" en su gestión han generado una "situación insostenible y de alta peligrosidad" para los vecinos tras una "importante avería en la antiquísima red de fibrocemento que ha dejado a gran parte de la población sin acceso al agua de la red en los últimos días".
De esta manera, la rotura ha traído como consecuencia la limitación del servicio, sucesivas intervenciones, obras de urgencia en la red y una "peligrosa situación de desabastecimiento para personas especialmente vulnerables al calor en pleno agosto".
Podemos ha recordado que esta segunda privatización o externalización, tras el paso de Canal de Isabel II por el municipio de 1997 a 2011, se produjo en la anterior legislatura de la mano del alcalde Antonio Luis Díez (PSOE), que gobernaba Sierra de Fuentes con mayoría absoluta.
Según la formación, "por sus gestiones al mando del municipio el alcalde socialista Díez fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres a petición de la Fiscalía de Cáceres por delitos tales como prevaricación, cohecho, etc. y actualmente tiene varios procesos abiertos por otra serie de irregularidades".
Así, Podemos Extremadura ha añadido que, con la llegada de Acciona Agua SLU, el precio a pagar en el recibo de los vecinos y vecinas de Sierra de Fuentes "se disparó y la calidad del servicio disminuyó".
Además, se impusieron cánones fijos independientes al consumo como la tasa por depuración que se incrementó "hasta un 222%" o la tasa por el mantenimiento de la red o por abastecimiento, subrayando que, "de esta forma, los habitantes de Sierra de Fuentes han visto recibos de más de 100 euros cuando el consumo real apenas supone 39 euros sobre el total"..
En esta línea, Podemos Extremadura ha defendido, en contraposición al "modelo privatizador", un servicio de aguas "cien por cien público, de acceso universal y de calidad y de gestión sostenible, transparente y participativa".
