03 junio 2019
La Asamblea de Portugal ha citado a la Plataforma Dehesa sin Uranio para tratar sobre la mina de dicho material planteada en la provincia de Badajoz.
En concreto, la cita, según ha informado en una nota de prensa esta plataforma, tendrá lugar el próximo 17 de junio a las 11:30 horas en Lisboa, dentro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de la República Portuguesa.
La plataforma ciudadana Dehesa sin Uranio (españoles y portugueses) y los propietarios de las tierras afectadas reciben la citación tras haber enviado tres preguntas al parlamento del país vecino.
En dichas preguntas, el colectivo pretende conocer si el Gobierno portugués tiene conocimiento de la "autorización" de las autoridades españolas para una prospección de uranio en la provincia de Badajoz.
También pretende averiguar si el Gobierno luso ha informado de alguna manera a las autoridades españolas sobre el proceso de licencia de una mina de uranio a "pocos kilómetros" de la frontera portuguesa.
De igual modo, la plataforma pretende conocer qué diligencias ha tomado o adoptará el Gobierno portugués sobre la referida "autorización" de prospección minera de uranio en la provincia de Badajoz.
A este respecto, la plataforma recuerda que está "pendiente" de la "revocación" del permiso de investigación "concedido" por la Junta de Extremadura a Qbis Resources S.L. para buscar uranio con el objetivo de explotar una mina de dicho mineral, proyecto en el que según incide se verán afectados los municipios de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos de la provincia de Badajoz.
Finalmente, la plataforma reitera su "desacuerdo" con esta "investigación" y "posible explotación", ya que una mina de Uranio "entrañaría problemas de sanidad para la población y el medio ambiente", en concreto, "por la radiactividad que se desprende, la contaminación de acuíferos y por violar la Red Natura 2000, la zona Zepa y Lic, entre otras consecuencias".
"La dehesa quedaría destrozada y roto su equilibrio conservado por cientos de años", advierte el colectivo, que añade que está "pendiente" la respuesta a los recursos de alzada interpuestos por los ayuntamientos y propietarios y que "ya han caducado" y "de los que no se sabe nada", concluye.
