A medida que pasa el tiempo y no se aplican políticas de creación de empleo, se incrementa el desamparo hasta el punto de que en febrero de este año alcanzamos la cantidad de 70.000 personas en Extremadura sin ningún tipo de prestación –la cifra se ha duplicado desde gobierna Monago. Esta es una dimensión esencial a tener en cuenta en el objetivo de la Renta Básica y del empleo social y esa cifra debería ser la obsesión del Gobierno de Extremadura. Lo que sabemos es que hasta el momento no ha sido capaz de hacer efectiva la Ley de Renta Básica por ineficacia y por falta de voluntad política.
Algunos ejemplos del nivel de aplicación de este tipo de Rentas a finales de 2013 son: en el País Vasco se concedieron 62.082, en Asturias 11.832, en Castilla y León 6.000 Por cierto, CCOO ha denunciado en esta última el bajo cumplimiento. ¿Qué podríamos decir en Extremadura que hemos ido hacia atrás al haber desaparecido las 1700 AISES y haber concedido tan solo 200 y cobradas menos? A través de la enmienda Nº 338, la mayoría parlamentaria de Extremadura aprobó una reducción de la inversión en AISES para pasarlas a Renta Básica. Esta artimaña ha tenido como consecuencia que no se hayan aplicado ni unas ni otras hasta el momento.
Estos contrastes son preocupantes desde el punto de vista de la igualdad de derechos en función de la Comunidad Autónoma a la que se pertenezca y por ello es exigible una norma nacional que garantice unos mínimos para el conjunto de comunidades, mínimos que podrían complementarse. Esa misma exigencia de igualdad nos debe llevar a poner medidas para disminuir la brecha de género que en el caso de Extremadura es escandalosamente acentuada. Si tenemos en cuenta las personas perceptoras de estas rentas en el País Vasco, el 40,9% hombres y un 59,1% mujeres, y en Extremadura, un 31,9% son hombres y un 68,1% mujeres, se pone en evidencia la mayor feminización de la pobreza en nuestro caso.
Esta realidad choca con la percepción autocomplaciente y de ‘Yupi’ del señor Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Social, que en recientes declaraciones se atreve a decir: que estamos en un "momento satisfactorio", fruto de un trabajo "intenso", que se ha realizado en "tiempo récord", y que, a pesar de la "delicada situación económica" dota a la región de "un nuevo derecho", que "amplía la cobertura de protección social" para los extremeños.
Este Gobierno al no haber sido capaz de gestionar la RB ha puesto en marcha las ‘Ayudas de Protección Social Urgente’ a través de los ayuntamientos (anunciando una cuantía de 6.000.000 euros), estas últimas no sustituyen a la Renta Básica, de hecho habrá muchas personas a las que hay que tramitar las dos, con lo que el lío va en aumento. Las condiciones que se exigen ahora, son paradójicamente más restrictivas en sus requisitos que la RB. Los Servicios Sociales están totalmente desbordados, y la Administración hace oídos sordos a las peticiones de refuerzo para poder acometer esta ingente tarea.
La nueva ocurrencia acarrea serios problemas.. Por una parte los ayuntamientos tendrán que cofinanciar y unos podrán y otros no; tendrán que reunir las condiciones que se exigen para acceder a las ayudas, como no tener deudas pendientes con la Seguridad Social y no todos podrán cumplir este requisito; unos ayuntamientos se meterán en este lío y otros no. No sé si también influirá el color político de los ayuntamientos a la hora de tener más facilidades al acceso.
En cualquier caso, la Renta Básica extremeña pasa, de ponerse en marcha esta iniciativa, a no ser extremeña sino municipal, y con ello, el derecho dejará de ser subjetivo ya que dependerá de la suerte de empadronamiento ¿Alguien se imagina esto con otros servicios públicos esenciales que se tuviera acceso a la educación o a la sanidad en función del municipio de empadronamiento? Y además, una sospecha, si se llegara a instrumentalizar la Renta Básica en un campo de batalla político-partidario-municipal, habría que calificar esta estrategia como una auténtica inmoralidad.
Y ya que hablamos de municipios, como los datos generales a veces son menos elocuentes, pasemos a una mayor concreción. Estos son algunos ejemplos: Llerena 66 solicitudes, nadie la percibe; Badajoz 5.000 solicitudes, revisadas 1.900, concedidas 50, pagadas 8; Don Benito 500 solicitudes, resueltas 5, pagadas ninguna; Plasencia 630 solicitudes, pagadas 3; Arroyo de la Luz 119 solicitudes, ninguna concedida…
Dejémonos de líos y monsergas, la dotación presupuestaria está disponible y decían que habría más si hiciera falta. Esa dotación se tiene que gastar ya: llegando al máximo de personas perceptoras, evitando la no solicitud por falta de información o información inadecuada y la no solicitud voluntaria, eliminando las situaciones de exclusión social severa para evitar el ‘Efecto Mateo’ o ‘sinhogarismo’. Cuanto menores sean los tiempos de tramitación, llegará mejor y en mejor momento a la población necesitada. En definitiva: ¡basta ya de enredos!, ¡¡RENTA BÁSICA YA!!
