Extremadura exige a Gobierno documentos sobre regularización extraordinaria de inmigrantes

La Junta de Extremadura ha remitido una carta a la secretaria de Estado de Migraciones en la que exige la remisión "inmediata" de toda la documentación relativa al proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, finalizado el pasado 30 de junio, al considerar que el Ministerio ha incumplido el compromiso adquirido durante la Comisión Sectorial de Inmigración previa a la próxima Conferencia Sectorial.

En el escrito, el Ejecutivo extremeño sostiene que la documentación debía haberse remitido con anterioridad a la reunión para permitir a las comunidades autónomas analizar los asuntos incluidos en el orden del día y formular una posición fundamentada. Sin embargo, asegura que, a escasas horas de la celebración de la Conferencia Sectorial, la información comprometida sigue sin haberse facilitado.

La Junta recuerda que el acceso al acta de la Comisión Sectorial también ha sido denegado por indicación de la Presidencia de dicho órgano, una decisión que, a su juicio, vulnera el Reglamento interno de la Conferencia Sectorial y dificulta el ejercicio de las competencias autonómicas.

En la carta, se argumenta que la ausencia de documentación impide conocer el alcance real de una decisión con efectos directos sobre ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o la financiación de las administraciones territoriales.

Asimismo, se apela a los principios de cooperación, coordinación y lealtad institucional recogidos en la Ley 40/2015, que obliga a las distintas administraciones a facilitar la información necesaria para el ejercicio de sus competencias.

Entre la documentación solicitada figura la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del proceso extraordinario de regularización, junto con todos los informes técnicos, estudios y documentos que sirvieron de base para su aprobación.

También reclama cualquier evaluación sobre el impacto económico, presupuestario, sanitario, educativo, social, residencial o asistencial que la medida pueda tener sobre las comunidades autónomas. En caso de que dichos informes no existan, solicita una certificación expresa que así lo acredite.

Además, Extremadura pide datos actualizados sobre el número de solicitudes presentadas, expedientes válidos, duplicados detectados, solicitudes inadmitidas, previsión de resoluciones favorables y su distribución territorial.

Igualmente, reclama información sobre la posible existencia de documentos declarados secretos o reservados durante la tramitación del proceso extraordinario de regularización.

La Junta también solicita un informe detallado sobre el coste de aplicación del futuro Plan de Integración y Ciudadanía, al considerar que traslada nuevas obligaciones a las comunidades autónomas sin concretar la financiación necesaria, así como información sobre el grado de desarrollo del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la posición del Gobierno en recientes foros europeos sobre política migratoria.

En la parte final del escrito, el Gobierno extremeño advierte de que las decisiones que se abordarán en la Conferencia Sectorial afectan directamente a la planificación de la política migratoria, la capacidad de acogida de los territorios, la prestación de servicios públicos y la sostenibilidad financiera de las administraciones autonómicas y locales.

Por ello, insiste en que cualquier medida debe sustentarse en datos contrastados, evaluaciones de impacto rigurosas y una participación efectiva de las comunidades autónomas antes de su aprobación.