Extremadura, entre las comunidades con calificación de "irrelevante" en servicios sociales

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El 42 por ciento de la población española, unos 20 millones de personas, viven en comunidades autónomas con servicios sociales "débiles" o "irrelevantes", como es el caso de Extremadura, según el Índice DEC 2025 realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

"Nos preocupa mucho que haya 20 millones de personas en España que viven en comunidades autónomas donde sus servicios sociales son débiles o irrelevantes. Esas personas sufren más por la desidia e incompetencia de sus gobernantes", ha señalado el director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este jueves, durante la presentación del informe en el Ateneo de Madrid, en el que también ha participado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Asimismo, ha mostrado su "preocupación" porque a pesar de que "ha subido el gasto en servicios sociales", al mismo tiempo, "está bajando el porcentaje del PIB dedicado a servicios sociales".

"Tenemos que reivindicar llegar a ese 2 por ciento del PIB. Es verdad que la nueva inyección económica de 6.500 millones de euros de la dependencia, si a los consejeros o consejeras de las comunidades autónomas no se les ocurre hacer caja y alegrar a los consejeros de Hacienda con ese dinero, ese dinero puede servir para ir aumentando ese porcentaje del PIB", ha subrayado.

Según el estudio, País Vasco (nivel alto), Castilla y León y Navarra (nivel medio) continúan siendo las comunidades con mejor calificación de sus servicios sociales, mientras que Extremadura, Cantabria y La Región de Murcia tienen la calificación de "irrelevantes" en servicios sociales.

El Índice DEC 2025, que describe la situación de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, señala que el Sistema está "ampliamente consolidado" ya que todas las Comunidades tienen una Ley que reconoce derechos subjetivos, 14 tienen un Catálogo de Servicios que desarrolla esos derechos, 15 tienen integrada la Atención a la Dependencia en sus servicios sociales y 12 tienen una planificación estratégica vigente.

En materia de relevancia económica de los servicios sociales públicos, revela que, en 2024, último año con datos oficiales del presupuesto liquidado, las administraciones gastaron 575,1 euros por habitantes en servicios sociales.

Además, precisa que desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales. En 2024 este incremento fue de 27 euros respecto al año anterior (un 4,9% más). Asimismo, afirma que el porcentaje del presupuesto que destinan a servicios sociales aumenta dos décimas y se sitúa en el 10,4 por ciento.

Por su parte, el porcentaje del PIB que supone este gasto se reduce por cuarto año consecutivo, y se sitúa en 1,75 por ciento, tras alcanzar su máximo nivel en 2020, cuando representaba el 1,88 por ciento.

Al mismo tiempo, el informe muestra que la participación de las comunidades en la financiación del Sistema "ha aumentado 4,82 puntos en los tres últimos años", pero advierte de que "la tendencia desde 2012 es decreciente" ya que aquel año fue del 85,3 por ciento, y en 2024 bajó al 74,23 por ciento.

Según explican los autores del estudio, el incremento en 2022 y 2023 puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en Dependencia (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las comunidades.

ESCASO DESARROLLO DE LA AYUDA A DOMICILIO

En cuanto a los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios, el documento recoge que en su mayor parte mejoran respecto al año anterior pero avisa de que resulta "preocupante" el "escaso desarrollo" de los servicios de Ayuda a Domicilio que "apenas ha variado un punto desde el año 2010", pasando del 4,7 por ciento al 5,8 por ciento los beneficiarios.

Asimismo, avisa de que su intensidad es también "muy baja, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 6,9 más que en 2010", aunque destaca que este número viene aumentando en los últimos cuatro años.

Atendiendo solo a la Ayuda a Domicilio como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es, según el informe, de 38 horas al mes: 19,7 horas para los dependientes Grado I; 43,8 para los Grado II y 65,5 para los Grado III, "apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos" lo que es "claramente insuficiente", según la asociación.

Por otro lado, el documento indica que la cobertura de Centros de Día muestra "una escasa o nula evolución desde 2010", aunque en 2023 mostró un "repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10".

Mientras, la teleasistencia es el único servicio que muestra "una cierta evolución en estos 13 años, 3,5 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 11,6% de las personas mayores de 65 años". Si bien, la asociación recuerda que el Plan de Choque para la dependencia marcó como objetivo establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. En el año 2025, según advierte, quedarían 762.285 personas para alcanzar la cobertura del 100 por ciento.

En cuanto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el Catálogo de la Dependencia, el informe revela que la percibe el 43,7 por ciento de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 261,6 euros, una cuantía que los autores del estudio consideran "insuficiente" para que los familiares asuman el cuidado en casa.

La asociación confía en que esta situación cambie tras la reforma de la ley, aprobada definitivamente, este miércoles, por el Congreso, y tras el incremento de la financiación de la dependencia aprobado en julio de 2026.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto que desde el año 2021, coincidiendo con la implantación del Ingreso Mínimo Vital en 2020, se registra "un acusado deterioro" de la cobertura de las Rentas Mínimas de Inserción Autonómicas que, "en muchos casos, ha supuesto también una pérdida de recursos económicos para los servicios sociales, ya que ese 'ahorro' no ha sido destinado a complementar adecuadamente el IMV y, sobre todo, a implementar políticas efectivas de inserción social".

Según precisa, en tres comunidades (Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid) este porcentaje no alcanza el 1 por ciento, "lo que significa que, en la práctica, estas rentas son inexistentes", según constata.

GRAN DESIGUALDAD ENTRE CCAA

El documento también advierte de las "grandes diferencias entre territorios", que suponen "una gran desigualdad de oportunidades reales". Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 1.304 euros de gasto por habitante en servicios sociales, el informe muestra diferencias como la que se observa entre Castilla y León, con 628 euros, y Baleares, con 353 euros, un 80 por ciento menos.

Entre otros ejemplos, también apunta que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Extremadura (2.905) es seis veces superior a Navarra (504); que el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco es de un 68,6 por ciento frente al 0,15 por ciento de Castilla-La Mancha; o que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es cuatro veces superior en Castilla y León (11,6%) que en Baleares (2,9%).

Durante la presentación del informe, Ramírez también se ha referido a la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y lo ha valorado como "el mayor avance que ha habido en los últimos cuatro lustros en el país" y ha pedido "pericia para gestionarlo y para que esas personas reciban esas prestaciones y servicios".