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27 enero 2026
Agricultores extremeños realizarán una marcha reivindicativa los próximos días 10 y 11 de febrero desde la localidad cacereña de Trujillo hasta la Moncloa, en Madrid.
Así lo ha explicado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, añadiendo que se suman a la protesta convocada por La Unión, tras lo que ha valorado el Parlamento Europeo haya elevado este acuerdo de Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que, con independencia de su resultado final, este hecho "permite paralizar y dilatar en el tiempo la entrada en vigor de un acuerdo que amenaza gravemente al sector agrario".
Ante esta situación, Metidieri ha reclamado al Gobierno de España que "respete las decisiones democráticas" adoptadas en el Parlamento Europeo, y advierte de que cualquier intento de ignorarlas supondría una "grave vulneración" de los principios democráticos.
Ttras el "éxito" de las tractoradas realizadas en las dos últimas semanas por las organizaciones agrarias, Apag Extremadura Asaja ve "imprescindible mantener la presión", por lo que el próximo 10 de febrero iniciará una marcha lenta en caravana de vehículos agrícolas desde Trujillo hasta Moncloa, a la espera de las correspondientes autorizaciones de las distintas delegaciones de gobierno.
Ese mismo día, se hará entrega de la tabla reivindicativa tanto en Moncloa como en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de "exigir un posicionamiento claro de los distintos grupos políticos en defensa del sector agrario", señala la organización en nota de prensa.
Ya el 11 de febrero, Apag Extremadura Asaja participará en la manifestación convocada en Madrid, reforzando así una protesta que pone el foco en la "capacidad del Gobierno de España para vetar acuerdos como el de Mercosur" y "frenar propuestas lesivas" como la actual reforma de la Política Agraria Comunitaria, que la organización exige que vuelva a sus orígenes.
Junto con ello, reclama al Gobierno central que "cumpla los compromisos adquiridos", entre ellos los 370 millones de euros prometidos para cultivos permanentes, publicados en el BOE el 2 de abril del año pasado y que, "a día de hoy, siguen sin materializarse".
En concreto, según la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, se establecía un fondo de 370 millones de euros -285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano- destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.
Y, el responsable agrario ha insistido en que "la lucha continúa, porque el futuro del campo no puede seguir guardado en el cajón del olvido".
