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La Unión recurrirá el archivo de querella contra delegada Gobierno por tractorada Mérida

Acusa al alcalde de Mérida y al secretario general de la delegación por "presionar" al jefe de la Policía Local para cambiar el recorrido.

07 junio 2019 | Publicado : 12:06 (07/06/2019) | Actualizado: 00:09 (08/06/2019)

Ep.

La organización agraria La Unión de Extremadura recurrirá el auto del juzgado número 4 de Badajoz que ha archivado la causa contra la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, por la modificación del recorrido de la tractorada del pasado 19 de diciembre de 2018 en Mérida, en la que se le acusaba de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra los derechos individuales y de coacciones.

Así lo ha anunciado el secretario técnico de la organización, Luis Cortés, en una rueda de prensa tras conocerse el auto dictado por el juzgado, en la que ha dicho que no entiende el archivo de la causa después de que el superintendente de la Policía Local señalara en sede judicial que había recibido "presiones" para emitir un informe por el que desaconsejara el recorrido previsto inicialmente en la protesta.

Unas "coacciones", según ha señalado Cortés, por parte del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a las 14,55 horas del día 18 de diciembre, un día antes de la protesta, y posteriormente del secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Gutiérrez Creus, que tenía previsto recorrer la calles del centro de Mérida para hacer llegar a Presidencia de la Junta sus reivindicaciones.

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno comunicó la noche anterior a la tractorada el cambio en el recorrido, trasladando la caravana de tractores por la Avenida Reina Sofía hasta la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agraria y Territorio, argumentando como motivo dicho informe de la Policía Local.

Así, tras la testifical del jefe de la policía local, en la organización agraria no entienden cómo el fiscal propuso el archivo de la causa, al que finalmente ha accedido la titular del juzgado. Por este motivo, La Unión va a recurrir el auto ante el propio tribunal, como es preceptivo, y posteriormente, dado que espera que este primer recurso sea rechazado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

De hecho, según ha señalado Cortés, está dispuesto a llegar "hasta el tribunal último de la Unión Europea" si es necesario para seguir defendiendo que el derecho de manifestación de los agricultores fue vulnerado por la decisión de la delegada del Gobierno.

"ILEGALIDADES" DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN

Junto a dichos recursos, va a proponer que testifiquen el alcalde de Mérida y el secretario general de la Delegación del Gobierno, a fin de "depurar posibles ilegalidades", así como también los dos agentes de la policía local con los que la organización agraria ya había "pactado" el recorrido de la protesta, y que según Cortés incluso anunciaron a través del perfil del cuerpo de seguridad en una red social para dar conocimiento del mismo a los ciudadanos.

El superintendente "ratificó en sede judicial" el pasado 27 de mayo que "el alcalde de Mérida le dijo que le llamaría la Delegación del Gobierno y que hiciera lo que le dictaran", ha señalado Cortés, quien ha añadido que un cuarto de hora después le llamó el secretario general de la Delegación del Gobierno "exigiéndole un informe para impedir de la entrada de la tractorada" hasta Presidencia de la Junta.

Una "presión" ante la que cedió el superintendente, ha añadido Cortés, quien emitió el informe, lo cual significa que la delegada del Gobierno "mintió en sede judicial cuando dijo que ella no conocía los motivos por los que se había retrasado el informe de la Policía Local".

Por ello, considera una "ilegalidad" que el alcalde y la Delegación del Gobierno "presionen a un funcionario público para que emita un informe en contra de su actuación", en tanto que, según Cortés, el jefe de la policía local declaró que ya había habido otras tractoradas en la ciudad.

"DECISIÓN POLÍTICA"

Asimismo se ratifica en que el cambio del recorrido fue "una decisión política", así como hacerlo "con ocho horas de antelación", para que así no hubiera "capacidad de reacción".

"Hay suficientes elementos como para ver que ni la actuación de la fiscalía, ni de la jueza se basan en datos objetivos y pruebas de que se ha vulnerado el derecho de reunión y manifestación", ha remarcado Cortés.

Cabe recordar al respecto que una sentencia del TSJEx del propio 19 de diciembre, una vez terminada la protesta, y a instancias de los convocantes de la misma, anulaba la resolución de la Delegación del Gobierno en la que modificaba el recorrido, entendiendo que no se cumplían los plazos, lo cual para Cortés supone que el derecho de manifestación de los agricultores, que protestaban para exigir precios dignos en el campo, fue vulnerado.

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