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El juzgado archiva la querella contra la delegada del Gobierno por la tractorada en Mérida

Al entender que, tras las diligencias efectuadas, los hechos denunciados "no son constitutivos de infracción penal alguna".

07 junio 2019 | Publicado : 10:06 (07/06/2019) | Actualizado: 00:10 (08/06/2019)

Ep.

La juez titular del juzgado número 4 de Badajoz ha dictado un auto acordando el archivo de las diligencias previas de la querella presentada por La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura contra la delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, Yolanda García Seco, al entender que, tras las diligencias efectuadas, los hechos denunciados "no son constitutivos de infracción penal alguna".

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, se ha mostrado "muy satisfecha" por el archivo de la querella y ha valorado "positivamente" las consideraciones del juzgado sobre su proceder "en aras de garantizar tanto el "derecho de los manifestantes como, "sobre todo, la seguridad de todos los ciudadanos".

La querella había sido presentada por La Unión a raíz de la decisión de la delegada del Gobierno de modificar el recorrido de los tractores en la manifestación convocada el pasado 19 de diciembre de 2018 en Mérida.

En esta querella se acusaba a García Seco de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra los derechos individuales y de coacciones. En este sentido, el auto "desmonta en su argumentación todas y cada una de estas acusaciones", según indica la Delegación del Gobierno en Extremadura.

En cuanto a la prevaricación administrativa, el auto reconoce que la delegada del Gobierno, una vez que tuvo conocimiento del informe emitido por la Policía Local de la capital autonómica, ante la existencia de una situación de "alarma antiterrorista de nivel 4 y la proximidad de las fechas navideñas", se vio "obligada a actuar", tras el asesoramiento jurídico correspondiente, buscando "garantizar el derecho de los manifestantes a exponer sus reivindicaciones pero también para proteger la seguridad de los ciudadanos".

En el auto se establece que "no se puede atribuir ninguna responsabilidad" a la delegada respecto a la "tardanza" en la emisión del informe policial; que "no hubo intención de impedir" el ejercicio de reunión y que esta resolución se hizo por parte de García Seco con una interpretación de la norma sobre "una base razonada y suficiente"; y que consideró "adecuado" dictar la resolución indicada "asegurándose además de que llegara a conocimiento de la parte convocante", pues se le notificó además de por vía ordinaria, a través de la Guardia Civil esa misma tarde.

Sobre una presunta actuación contra los derechos de los manifestantes, el auto señala que la resolución del día 18 de diciembre, recoge expresamente la posibilidad de hacer una marcha a pie hasta la Presidencia de la Junta de Extremadura para entregar sus reivindicaciones al presidente y, si no lo hicieron, fue por su "exclusiva voluntad".

Entiende el auto que "no se impidió el derecho de reunión y manifestación" de los convocantes y que se les dio la "oportunidad" de entregar su tabla reivindicativa al presidente de la Junta, como habían comunicado que era su intención.

Por último, el auto desestima también las presuntas coacciones afirmando que "ni se empleó, ni se ordenó que se empleara violencia de ningún tipo" para impedirles el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación.

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