Amececa pide archivo "definitivo" de declaración BIC de la Cruz de los Caídos de Cáceres

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha anunciado que ha registrado formalmente sus alegaciones contra la incoación del expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos situada en la plaza de América de la capital cacereña.

En sus alegaciones, reclama el cumplimiento "íntegro" y "efectivo" de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ordena la retirada del monumento "por formar parte del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática".

Estas alegaciones, presentadas dentro del periodo de información pública abierto tras la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes publicada en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 18 de agosto, tienen como objetivo impedir que se otorgue la máxima protección patrimonial prevista en la legislación extremeña a un monumento que considera "incompatible con los principios de la memoria democrática".

En nota de prensa, el colectivo recuerda que desde el primer momento ha mostrado oposición a esta iniciativa porque entiende que la Cruz de los Caídos constituye "un símbolo de exaltación franquista incluido en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y sobre el que existe una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de 17 de abril de 2026 que ordena su retirada del espacio público".

Así, considera que resulta "profundamente contradictorio" que una administración pública pretenda declarar Bien de Interés Cultural un elemento cuya permanencia en el espacio público ha sido "cuestionada" por la propia Administración General del Estado "en aplicación de la legislación de memoria democrática". A su juicio, ambas actuaciones son "difícilmente conciliables desde el punto de vista jurídico y administrativo".

De igual modo, entiende que la Cruz de los Caídos "no reúne los requisitos de excepcionalidad, singularidad o relevancia histórica, artística o patrimonial que la Ley de Patrimonio Cultural de Extremadura exige para acceder a la máxima figura de protección".

"Ni las características materiales del monumento ni la documentación incorporada al expediente acreditan la existencia de unos valores extraordinarios que justifiquen una declaración de esta naturaleza", asevera en nota de prensa Amececa.

Pero, además, considera que el expediente presenta una "grave debilidad de origen" que afecta a su "propia credibilidad". "Diversos investigadores y especialistas cuyos trabajos académicos son citados o utilizados como soporte argumental de la declaración han manifestado públicamente su rechazo al uso que la Junta de Extremadura hace de sus estudios, indica.

"Algunos de estos expertos han denunciado expresamente que sus investigaciones han sido empleadas de forma parcial, sesgada e interesada para intentar fundamentar una conclusión que no se corresponde con el contenido ni el espíritu de sus trabajos científicos", remarca.

De igual modo, a su juicio, es "especialmente relevante" el hecho de que varios de estos especialistas hayan solicitado públicamente a la Junta de Extremadura que "retire sus nombres del expediente y deje de presentar sus estudios como aval de la declaración de Bien de Interés Cultural". "Cuando los propios autores cuestionan la utilización de sus investigaciones y rechazan ser invocados como fundamento de una decisión administrativa, se produce una evidente pérdida de solidez técnica y científica del procedimiento", considera.

ESTRATEGIA POLÍTICA

Por otra parte, el colectivo entiende que el "origen real" de este expediente "no responde a una necesidad de protección patrimonial", toda vez que la Cruz de los Caídos "ya dispone de mecanismos ordinarios de tutela y conservación".

Por ello, considera que la declaración como BIC obedece "fundamentalmente" a una "estrategia política" derivada de los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox en la Junta de Extremadura "para impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación de memoria democrática".

A su juicio, la utilización de una figura jurídica concebida para la protección del patrimonio cultural con una finalidad "distinta" de aquella para la que fue creada podría constituir "un supuesto de desviación de poder".

Al mismo tiempo, subraya que sus alegaciones no se fundamentan "únicamente" en una posición memorialista o asociativa; y añade que para su elaboración ha contado con la colaboración de especialistas en Historia, Patrimonio Cultural y Derecho, cuyas aportaciones "refuerzan técnica y jurídicamente los argumentos expuestos".

Entre las personas que han contribuido a enriquecer este trabajo se encuentran investigadores y expertos de "reconocido prestigio académico" como Jesús Vázquez Domínguez, Francisco Navarro López o Cesar Rina Simón, explica.

Finalmente, Amececa reitera su "compromiso con la defensa de los valores democráticos, el respeto a las víctimas de la represión franquista, la preservación rigurosa del patrimonio histórico y el cumplimiento de la legalidad".

Y, ha añadido que "entendemos que la memoria democrática y la protección del patrimonio son ámbitos que deben desarrollarse desde el rigor científico, la transparencia administrativa y el respeto al ordenamiento jurídico, nunca desde intereses partidistas o estrategias destinadas a eludir la aplicación de la ley".