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16 septiembre 2026
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) ha presentado en registro, al igual que otros colectivos, alegaciones en el trámite de información pública del expediente promovido por la Junta de Extremadura para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, la denominada "Cruz de los Caídos" de Cáceres.
Cabe subrayar que, el escrito registrado solicita el archivo del expediente al considerar que la propuesta no acredita los requisitos de singularidad, excepcionalidad y relevancia patrimonial exigidos por la legislación extremeña de patrimonio histórico y cultural.
Asimismo, sostiene que la protección del monumento entra en contradicción con los principios de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y con la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que incluyó la Cruz de los Caídos de Cáceres en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática.
Como principales argumentos de las alegaciones la asociación considera que el expediente presenta importantes debilidades técnicas y jurídicas, entre ellas la inexistencia de valores artísticos, arquitectónicos o culturales excepcionales que justifiquen la máxima figura de protección patrimonial.
También se alude a la limitada relevancia histórico-patrimonial del monumento, cuyo interés reside fundamentalmente en el contexto histórico de su construcción y en la memoria social asociada al mismo, circunstancia que por sí sola no justificaría una declaración BIC.
Otro argumento son las contradicciones internas del propio expediente, que reconoce la vinculación del monumento con la simbología y la arquitectura de exaltación del régimen franquista mientras sostiene simultáneamente que habría adquirido un significado diferente tras las modificaciones realizadas en 1984.
Asimismo, la persistencia del conflicto social y memorial en torno al monumento, cuya conservación en el espacio público continúa siendo objeto de controversia y de reivindicaciones enfrentadas, y el riesgo de revictimización de las víctimas de la dictadura y sus familiares, al otorgar la máxima protección patrimonial a un símbolo asociado históricamente a la exaltación de la sublevación militar y del franquismo, son otros de los argumentos que sustentan las alegaciones.
La ARMHEx recuerda además que el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres acordó en 2004 el traslado de la Cruz al cementerio municipal y que dicho acuerdo nunca llegó a ejecutarse.
Así, para ARMHEx, los informes incorporados coinciden en señalar que la Cruz de los Caídos de Cáceres carece de singularidad patrimonial suficiente para ser declarada BIC y que su valor principal radica en la memoria histórica asociada a su origen como monumento de exaltación de los vencedores de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Los informes que se adjuntan, firmados por diferentes especialistas, sostienen que la preservación documental, el estudio histórico y la contextualización crítica, así como el acuerdo del Ayuntamiento de Cáceres en 2004 para su traslado al cementerio, "constituyen alternativas más adecuadas que otorgar la máxima protección patrimonial prevista si fuera declarado como BIC en su actual emplazamiento".
Por todo ello, la asociación ha reclamado a la Administración autonómica y "confía en el trabajo de sus funcionarios para una valoración objetiva de las alegaciones y de los informes técnicos aportados antes de adoptar una decisión definitiva sobre el expediente", informa en nota de prensa.
AMPLIO RESPALDO SOCIAL Y ACADÉMICO
Las alegaciones presentadas por ARMHEx se acompañan de informes emitidos por especialistas en historia, patrimonio, memoria democrática, psicología social y estudios de patrimonio, procedentes del ámbito social y académico, universidades españolas e internacionales.
Entre las personas expertas que han aportado dichos informes figuran nombres como el de Julián Chaves, catedrático de la Universidad de Extremadura, doctor en Historia y especialista en Historia Contemporánea; Ángel Olmedo, historiador extremeño, director de los campos de trabajo de memoria histórica y Premio Arturo Barea de Investigación Histórica, o miembros del Grupo de Investigación 'Determinantes Sociales y Culturales de la Salud' de la Universidad Complutense de Madrid, entre otros.
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