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04 septiembre 2026
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El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado la fase de expropiación de los terrenos necesarios para la ampliación del polígono industrial de Capellanías. Se trata de un 20% de la superficie que está en manos privadas y con la que no se ha conseguido llegar a un acuerdo de permuta como el otro 80%, que ya es de propiedad municipal.
La superficie afectada por las expropiaciones es de 13 hectáreas, de un total de 54 hectáreas del proyecto Capellanías II, y el precio fijado es de 9,39 euros por metro cuadrado, incluido el denominado premio de afección, por lo que el coste de las expropiaciones junto a algunas edificaciones que también habrá que adquirir rondaría los 1,7 millones de euros. Se trata de una franja situada entre el actual polígono industrial, la línea ferroviaria y la N-630.
Así, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el inicio del procedimiento expropiatorio por el procedimiento de tasación conjunta para la ejecución urbanística de la Unidad de Actuación Integral UAI 8.01 Capellanías II, incluida en el Sector de Suelo Urbanizable UZI 09.01.
El expediente, aprobado mediante resolución de 19 de agosto, se encuentra sometido a información pública durante un mes, mientras que los propietarios afectados disponen de un plazo de 20 días hábiles para manifestar su conformidad o disconformidad con las valoraciones fijadas.
Según ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, "con este paso el Ayuntamiento entra en una fase decisiva para poder disponer del 100% del suelo industrial de Capellanías II, avanzando en la solución de uno de los problemas que durante años ha lastrado el desarrollo industrial de Cáceres: la falta de suelo disponible para la instalación de nuevas empresas y para facilitar el crecimiento de las ya existentes".
"El Gobierno de Rafael Mateos se comprometió al inicio de la legislatura a trabajar para solucionar esta situación y avanzar en la disponibilidad de suelo industrial. El objetivo es que la falta de suelo deje de ser un freno para el crecimiento económico y que Capellanías II se convierta en una oportunidad para atraer empresas, facilitar nuevas inversiones y generar empleo en la ciudad", ha dicho Orgaz.
NUEVA BAJADA DE IMPUESTOS
El portavoz, y concejal de Hacienda, ha informado además de los avances en la tramitación de una nueva bajada de impuestos municipales, después de la reunión celebrada por el Consejo Económico y Social de la ciudad.
El informe de este órgano es preceptivo, aunque no vinculante, conforme a la normativa municipal. La propuesta contempla una nueva reducción del tipo impositivo del IBI, tanto en el tipo general (0,7%) como mediante la supresión del incremento del 1% aplicado al sector empresarial, además de una reducción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
La medida, ha explicado Orgaz, responde especialmente a una reivindicación planteada por la Federación Empresarial Cacereña y supone dar continuidad a la reducción del IBI realizada hace dos años, cuando se bajó al tipo 0,72%.
El portavoz del Gobierno municipal y concejal de Economía considera que la situación actual de las cuentas municipales "permite seguir avanzando en el alivio de la presión fiscal", ya que el ayuntamiento cuenta actualmente con cero euros de deuda y "el presupuesto más alto de la historia de la ciudad".
El siguiente paso será la tramitación del expediente en la comisión informativa correspondiente y, posteriormente, su elevación al Pleno municipal para su aprobación, en su caso, y su entrada en vigor de la bajada impositiva en 2027.
DEFENSA JURÍDICA
También, la Junta de Gobierno Local ha aprobado que los Servicios Jurídicos municipales asuman la representación y defensa de un agente de la Policía Local en un procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres, por un presunto delito leve de lesiones.
Según el expediente, los hechos se produjeron cuando el agente intervino para socorrer a una persona que se encontraba siendo acosada, en el ejercicio de sus funciones como agente de la autoridad. El informe municipal señala que los hechos tienen su origen directo en el ejercicio de sus funciones y que no constan indicios de actuación dolosa o negligencia grave.
