25 marzo 2021 | Publicado : 18:10 (25/03/2021) | Actualizado: 18:56 (25/03/2021)
Ep./Rd.
Un grupo de trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Plasencia se han concentrado este jueves frente a la Asamblea de Extremadura para reclamar al Ejecutivo extremeño su adscripción al Servicio Extremeño de Salud (SES).
Así lo ha destacado el director del CRPS de Plasencia, Pedro Loro, en declaraciones a los medios de comunicación, quien ha explicado que ellos consideran que son trabajadores públicos, ya que pertenecen al Ayuntamiento de Plasencia, "quien ha gestionado desde el año 2000 este servicio".
Un servicio que, según ha recordado el director del centro, "es un servicio sanitario, que está reconocido como tal e integrado en la propia red de salud mental", por lo que ha reafirmado que son "trabajadores públicos", y así quieren que se les reconozcan.
"Lo que pretendemos es que desde las dos administraciones, la local y la región, se establezca una mesa de negociación para lograr que seamos adscritos al Servicio Extremeño de Salud", ha explicado Pedro Loro, quien ha señalado que el objetivo es que se les "reconozcan los derechos y los servicios que estamos prestando como sanitarios que somos".
Por su parte, el delegado sindical de UGT en el área de salud de Plasencia del SES, Jesús Quijada, ha alertado de que ésta es "la primera privatización de un servicio sanitario especializado, prestado por profesionales sanitarios, en la historia del SES".
Quijada ha explicado que este recurso ha estado "adscrito funcionalmente desde su nacimiento al SES" y cuenta con "gestión pública directa", por lo que ha advertido que no van "a permitir esta privatización de un recurso sanitario".
APOYO DE CIUDADANOS
A esta concentración también ha asistido el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, quien ha reclamado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y a su gobierno que "se haga cargo" de los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Plasencia porque "es algo de justicia social".
Así pues, y tal y como ya señaló el pasado 26 de febrero junto a los trabajadores en Plasencia, Salazar ha insistido en que deben ser incorporados al Servicio Extremeño de Salud, tal y como establece la Ley General de Sanidad porque "no podemos permitirnos que nuestra sanidad esté más mermada".
En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha insistido en que es una "cuestión de justicia" y que no solo va en beneficio de los trabajadores de este centro "sino que va en beneficio de todos los extremeños", según informa Cs en una nota de prensa.
"Nosotros exigimos que se solucione este tema y es algo en lo que estamos de acuerdo todas las fuerzas políticas de la oposición con una solo voz", ha defendido.
Por todo ello, Salazar ha hecho un llamamiento personal tanto a Vara como al consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para que "se ponga fin a esto" porque "es algo que no tiene ningún tipo de razón de ser" y que se dé una solución a este problema lo antes posible.
"Por la estabilidad de los trabajadores que al final eso desembocará en estabilidad para el sistema sanitario extremeño y, en definitiva, para todos los extremeños que es lo que realmente importa", ha concluido.
De hecho, cabe recordar que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha preguntado al consejero de Sanidad en el pleno de la Asamblea de este jueves qué motiva a la Junta a no atender la petición, realizada hace tres meses por los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Plasencia para transferirlos como empleados de la Junta de Extremadura acogidos a la Ley General de Sanidad.
"PRIVATIZACIÓN TOTALMENTE INJUSTA"
En esta línea, una delegación de diputados de Unidas por Extremadura, entre los que se encontraban Irene de Miguel, Lorena Rodríguez y Álvaro Jaén, ha estado acompañando a los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial en su concentración a las puertas de la Asamblea para reivindicar un servicio público del mismo, denunciando de esta forma la intención de la Junta de Extremadura de privatizar este servicio.
Así pues, la portavoz de UpE, Irene de Miguel, ha defendido ante los medios de comunicación que “es totalmente injusta la privatización de este centro que lleva 20 años de gestión pública y que además ha demostrado que la Sanidad Pública es importantísima”, según informa la formación en una nota de prensa.
Igualmente, ha destacado que “la Sanidad Pública es una joya que debemos cuidar y la Salud Mental más aún, con lo cual no entendemos esta obcecación de la Junta de Extremadura por privatizar este servicio”.
Por ello, han estado acompañando “a los trabajadores y trabajadoras en su justa reivindicación para que se cumpla la Ley General de Sanidad, que se cumpla con sus derechos laborales, y sobre todo, que acabe este incertidumbre que afecta no solo a ellos como trabajadores, sino a las personas que sufren enfermedad mental que están en este centro y a las familias”, ha sentenciado.
