05 octubre 2017 | Publicado : 13:10 (05/10/2017) | Actualizado: 17:04 (05/10/2017)
La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha hecho un llamamiento para que las políticas de control de gasto “sean más laxas” y las administraciones provinciales y locales que cuenten con situaciones financieras saneadas puedan reinvertir su superávit, “lo que redundará en un impulso de las economías locales y atajaría en buena medida problemas como el despoblamiento”. Así lo ha manifestado este jueves en la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, que se está celebrando en Segovia.
Cordero, que ha participado en la mesa redonda titulada “La aportación del sector público local al cumplimiento de los parámetros fiscales de la normativa de estabilidad presupuestaria”, ha insistido en la necesidad de “mejorar el diseño de la regla de gasto”, incluyendo excepciones para las administraciones que cumplan la estabilidad presupuestaria y estén saneadas.
Ha recordado que las entidades locales “han realizado un considerable y exitoso esfuerzo de disciplina fiscal” y que los indicadores de liquidación presupuestaria de los ayuntamientos en 2016 presentan unos resultados muy favorables. Así, ha indicado que entre 2004 y 2015 el superávit fiscal de las entidades locales ha pasado de 112 millones de euros a más de 5.000, “lo que contrasta -ha apuntado- con el empeoramiento producido en el resto de administraciones públicas”.
Ante esta realidad, la presidenta provincial reitera que sería conveniente “ampliar el listado de supuestos que permitan un mayor margen de gasto financiero”, ya que, hasta ahora, la normativa restrictiva “ha perjudicado especialmente a las zonas rurales, donde el gasto público genera la mayor actividad económica, agravando así la brecha social con las ciudades y agravando el problema de la despoblación”.
Entre las medidas que ha planteado la presidenta cacereña destacan la definición de un “elenco de competencias claro y transparente” para las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares; conjugar las políticas de estabilidad con “las necesidades sociales y económicas de aquellas entidades locales que cumplan con la sostenibilidad financiera para que puedan utilizar sus recursos, ahora ociosos”; tener en cuenta el incremento de recaudación de la administración en cuestión, el aumento de población o la aparición de ingresos y gastos extraordinarios, así como ampliar el catálogo de inversiones que se consideran financieramente sostenibles, entre otras medidas.
Esta III Conferencia, que se celebra hasta el viernes, ha puesto sobre la mesa también un informe de la Fundación Democracia y Gobierno Local , en el que se especifica que las diputaciones son “un escalón imprescindible para el funcionamiento de la administración local”, teniendo en cuenta que “el mapa municipal está muy fragmentado, con municipios de distinta capacidad de gestión”, por lo que, añade el informe, “hace falta un gobierno intermedio”.
