12 septiembre 2017
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado contratar el servicio de 12 plazas de atención residencial socioeducativa intensiva destinadas a menores y jóvenes del sistema extremeño de protección de la infancia.
En concreto, esta herramienta de intervención se concreta en un recurso residencial en el que tanto las intervenciones técnicas como la dinámica cotidiana se desarrollan en el contexto de un entorno psicoeducativo, diseñado específicamente para incrementar el potencial de toda convivencia guiada para favorecer el reaprendizaje de nuevos referentes, emociones, lenguajes o formas de expresión.
De este modo, según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa, esta "necesidad" radica, especialmente, en la naturaleza de las dificultades de algunos menores que, en un ámbito afectivo, vincular o de otro tipo han experimentado situaciones traumáticas o aprendizajes inadecuados en sus entornos familiares o microsociales de origen.
El contrato de estas 12 plazas residenciales será por dos años y cuenta con un presupuesto de 1.953.480 euros.
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de otro servicio en relación con el sistema de protección de la infancia. Se trata en este caso de 36 plazas en hogares tutelados, recurso que acoge a los menores objeto de una medida de protección, toda vez que por sus características familiares (grupos de hermanos en los cuales algunos de ellos son de corta edad y se prevé larga institucionalización) o por las características personales del menor se hace necesario que la intervención sea prestada desde pequeños núcleos de convivencia.
En este caso, el contrato también es por dos años y la financiación del mismo se cifra en 2.854.008 euros.
MENORES INFRACTORES
Por otra parte, el Consejo de Gobierno regional ha autorizado la contratación del servicio para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de menores infractores, dictadas por los juzgados de menores, para el desarrollo en medio abierto dentro de Extremadura, con un presupuesto de 369.996 euros.
La normativa vigente contempla una serie de medidas judiciales que tendrán aplicación, sobre los menores infractores, en su propio medio de residencia habitual y de convivencia, como fórmulas para lograr la reeducación y reinserción de los mismos y evitar la reincidencia en la comisión de actos delictivos.
Entre esas medidas figuran las de tratamiento ambulatorio; asistencia a un centro de día; permanencia de fin de semana; libertad vigilada; prestaciones en beneficio de la comunidad; y realización de tareas y actividades de tipo socioeducativo, concluye la Junta.
