26 febrero 2018
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista, participarán este martes, 27 de febrero, en Madrid, junto a 300 alcaldes españoles.
Ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2018, ha pedido que se articule de "manera rápida" una fórmula que permita utilizar el superávit generado en 2017 en las políticas municipales que cada ayuntamiento decidan pues, lo que necesitan los ciudadanos es que se invierta en "mejorar su día a día".
Desde la Diputación de Badajoz, se ha señalado que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha emplazado al Ministerio de Hacienda a disponer en dos semanas de una solución a la demanda local de reinversión del superávit en actuaciones que no se limiten a lo marcado como "financieramente sostenible".
Así, Caballero ha dicho que "en un plazo de dos semanas" tienen que "resolver el problema para poder reutilizar el superávit", al mismo tiempo que ha reclamado "que la inversión del superávit se pueda hacer en otros ámbitos, ámbitos sectoriales que hasta ahora no están contemplados, como políticas culturares, empleo, deporte, educación,".
"Queremos ampliar el margen de las posibilidades de invertir este superávit", ha asegurado, a la vez que ha recordado que esta cuestión será el principal de los argumentos que planteará en el encuentro convocado en la FEMP al que están llamados a participar más de 300 electos locales entre alcaldes, presidentes de diputaciones, cabildos y Consejos Insulares, en defensa de la financiación municipal.
En respuesta a la convocatoria formulada por el presidente de la FEMP, los munícipes participarán en el acto en el que el propio Caballero dará cuenta de la situación en la que se encuentran las haciendas locales españolas, con un superávit por encima de los 5.000 millones de euros en 2017, y un acumulado superior a los 31.000 desde 2012, así como de los resultados de la reunión que, en la tarde de este lunes, prevé mantener con el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
En el marco de ese encuentro, está previsto abordar de "manera específica" la posibilidad de destinar esos ahorros a actuaciones y políticas que vayan más allá de las inversiones financieramente sostenibles que permite la actual legislación.
Para que ello sea posible, es "preciso contar con una normativa específica a la mayor brevedad posible porque", en caso contrario no van "a ser capaces de invertirlo", ya que son cifras "muy significativas, más de 5.000 millones de euros".
En esta línea, Caballero dará cuenta de esta cuestión y también de otras, como el techo de gasto, la reposición de efectivos o el nuevo modelo de financiación local, para el que, desde la FEMP se exige una tramitación en paralelo con la de la financiación autonómica.
Sobre esta cuestión, y también en relación con las cuentas regionales, la FEMP ha exigido que, en caso de que se produjese una quita eventual a los intereses de la deuda de las regiones, se compense a las entidades locales en similar medida.
A este efecto, ha recordado que "en el año 2017 las corporaciones locales cumplieron los tres requisitos, deuda, superávit y techo de gasto", y por lo tanto, "quieren ser tratados de acuerdo con su eficiencia y su capacidad de cumplir requisitos", ha asegurado Abel Caballero al respecto.
Concretamente, se trata de una convocatoria, ha insistido Caballero, de la que ya tienen "muchas confirmaciones", entre otros ayuntamientos asistirán los de Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Zaragoza, Valladolid, A Coruña, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Alcobendas o las diputaciones de Jaén, Pontevedra, Zaragoza, Huesca, Badajoz o Segovia.
La convocatoria, que dará comienza a las 11,00 horas, se ha dirigido a todos los miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP, a los de su Consejo Territorial, a los de los Consejos y órganos de Gobierno de las Federaciones Territoriales de Municipios y Provincias, a los presidentes de diputaciones, cabildos y Consejos Insulares y a los alcaldes de ciudades con más de 50.000 habitantes.
