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Sin el apoyo de Vox
12 noviembre 2026 | Publicado : 11:11 (12/11/2026) | Actualizado: 11:57 (12/11/2026)
Ep.
El Pleno del Ayuntamiento de Mérida, reunido este jueves en sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, ha aprobado una declaración institucional conjunta de los grupos municipales del PSOE, PP, XMérida y Unidas por Mérida, con motivo del 25 de noviembre del 2026, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
El texto, que no ha sido refrendado por el grupo de Vox, plantea que las formaciones firmantes reafirman su "compromiso firme y permanente" con las políticas públicas de igualdad, en el convencimiento de que "la erradicación de esta violencia exige recursos, coordinación institucional, educación y una implicación activa en toda la sociedad".
Asimismo, refleja su compromiso en "seguir fortaleciendo" los servicios municipales de atención, acompañamiento y protección a las mujeres víctimas de la violencia de genero, mejorar la coordinación entre los recursos especializados y la prevención en los centros educativos, los espacios culturales deportivos y de ocio.
"Porque queremos una Mérida donde las mujeres puedan vivir con libertad, seguridad, autonomía, sin miedo y sin discriminación", recoge el texto, que ha sido leído por el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, al comienzo del pleno, que ha arrancado, como es habitual cada mes, con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia de género.
Asimismo, los grupos señalan que continuarán trabajando para que la igualdad sea un principio transversal en "todas las políticas municipales", prestando "especial atención" a las mujeres que afrontan mayores situaciones de vulnerabilidad y promoviendo "una ciudad que no tolera ninguna manifestación de violencia machista".
Además, hacen un llamamiento a toda la ciudadanía emeritense para que se sume a este "compromiso colectivo", porque "acabar con la violencia contra las mujeres no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones, sino una tarea compartida que requiere la implicación de toda la sociedad".
"No podemos permitir que el silencio, la indiferencia o la complicidad sigan siendo aliados de la violencia machista. La vergüenza y la responsabilidad deben recaer siempre sobre quien ejerce la violencia, nunca sobre quien la sufre", remarca el texto leído por el alcalde.
La declaración hace asimismo referencia a las 1.385 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas, desde que en el año 2003 se inició el recuento, de las cuales 44 corresponden a este 2026.
Cifras que ponen de manifiesto la "enorme magnitud de un problema" que concierne a toda la sociedad, que "hunde sus raíces en un sistema que históricamente ha sido desigual y discriminatorio con las mujeres y que hace que en pleno siglo XXI muchos hombres se consideren todavía legitimados para controlar, agredir e incluso asesinar a una mujer con manera de ejercer poder sobre ella".
La violencia machista, añade, tiene "carácter estructural". Sus causas y motivación son "específicas", como también deben ser, añade el texto, las políticas y actuaciones destinadas a combatirla. En ese sentido, subraya la Ley Orgánica 1ª 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como "pilar fundamental del sistema de atención y protección a las víctimas" en España.
Un marco normativo "reforzado" por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 y renovado en 2025, que reúne hasta 461 medidas de consenso para perfeccionar y profundizar en la respuesta institucional, mejorar la coordinación entre Administraciones y garantizar una atención más eficaz y cercana a todas las víctimas.
Con todo, y pese a que se ha "avanzado significativamente" en el reconocimiento y la lucha contra la violencia machista, aún quedan "importantes desafíos", pues la violencia contra las mujeres adopta "múltiples formas" que las instituciones han de seguir "visibilizando y combatiendo", como la violencia vicaria, que utiliza a los hijos e hijas para causar daño a las madres, o la violencia digital, que se manifiesta "a través del acoso, el control y las amenazas", así como la violencia económica, que "limita la autonomía y la libertad de las mujeres".
A ellas se suman "otras violencias y desigualdades estructurales", como la brecha salarial, la precariedad laboral, la penalización de la maternidad o las prácticas que vulneran los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto.
Es igualmente necesario, añade, prestar especial atención a las discriminaciones que sufren las mujeres migrantes "racializadas o en situaciones de mayor vulnerabilidad social y económica", así como la "violencia simbólica que perpetúa estereotipos sexistas e invisibiliza las aportaciones de las mujeres a nuestra historia y sociedad".
