La Asociación de Fiscales expresa "apoyo y solidaridad" a jueza Biedma

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) que conforman la mayoría del Consejo Fiscal ha expresado su "apoyo y solidaridad" con la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de presión e intimidación relacionadas con el ejercicio de su función jurisdiccional".

En un comunicado, los fiscales señalan que la independencia judicial "constituye un mandato constitucional" que supone "una garantía esencial del Estado de derecho y pertenece al conjunto de los ciudadanos".

Así, los vocales expresan su apoyo a la magistrada, que declaró como perjudicada en el 'caso Leire Díez' que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exjuez Luis Sáenz de Tejada, vinculado a la exmilitante socialista e imputado en la causa.

Los fiscales señalan que los ciudadanos "tienen derecho a que los asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales sean resueltos sin injerencias, presiones ni condicionamientos ajenos a la ley".

Por ello, "las informaciones relativas a posibles actuaciones de presión o intimidación sobre quienes ejercen la jurisdicción merecen una respuesta institucional presidida por la serenidad, la firmeza y el respeto a las garantías del Estado de derecho", añaden.

SOLIDARIZARSE NO ES "ANTICIPAR CONCLUSIONES"

También aluden al choque que hubo este miércoles en el Consejo General del Poder Judicial, en el que los vocales encuadrados en el bloque conservador mostraron su "preocupación" por las "posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación" que ha denunciado Biedma, mientras que los progresistas --salvo Carlos Hugo Preciado-- se abstuvieron de pronunciarse aduciendo que el órgano "debe ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial".

"La prudencia exigible ante una investigación en curso no puede confundirse con indiferencia ante hechos que, de confirmarse, comprometerían gravemente las condiciones en que debe administrarse justicia", apostillan los vocales de AF.

Y subrayan que expresar su solidaridad con una magistrada "no supone anticipar conclusiones sobre los hechos investigados, atribuir responsabilidades ni sustituir la actuación de los órganos competentes", sino que implica recordar que "ningún juez debe verse obligado a ejercer su función bajo la presión o la amenaza de quienes pretendan condicionar sus decisiones".

Así, los fiscales concluyen su comunicado señalando que la independencia judicial "no admite excepciones por razón del asunto enjuiciado, de las personas afectadas ni de la repercusión pública de las decisiones" y subrayan: "Su defensa no es una opción de oportunidad, sino una exigencia permanente del Estado de Derecho y una responsabilidad que incumbe a todas las instituciones llamadas a preservarlo".

Cabe recordar que la Asociación de Fiscales --crítica con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato-- consiguió mayoría en las últimas elecciones al Consejo Fiscal con seis fiscales, mientras que la Unión Progresista de Fiscales obtuvo dos y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, uno.

FJI PIDE PERSONARSE COMO ACUSACIÓN
P

or otro lado, la asociación judicial Foro Judicial Independiente (FJI) ha lanzado otro comunicado en el que recuerda que "ya ha denunciado en varias ocasiones la pasividad del CGPJ ante las informaciones publicadas sobre persecución y hostigamiento a Beatriz Biedma".

"Si el CGPJ ha de dar amparo a un miembro de la carrera judicial que ve afectada su independencia para resolver un caso, no entendemos por qué no expresa su apoyo a una juez que, por el ejercicio de su función, ha sufrido presiones que afectan a su esfera personal y familiar", arguye.

Además, critica que ni el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ni su presidenta, Isabel Perelló, "salga en defensa de la judicatura ante los ataques hechos por políticos que descalifican públicamente a jueces, y sin embargo guarde silencio cuando el ataque consiste en un acoso directo a un miembro de la carrera judicial".

A su juicio, que exista "una instrucción judicial solo da idea de la gravedad del caso, y hace que la indolencia del CGPJ resulte aún más intolerable". En este sentido, indica que, "si existe constancia de una situación de sufrimiento y zozobra padecida por una juez por el mero hecho de haber desarrollado su trabajo", el organismo "habría de mostrar un apoyo sin fisuras, con independencia de si las personas investigadas son inocentes o culpables de tales hechos".

Del mismo modo, la asociación judicial informa de que "ha resuelto dar asistencia y apoyo a su asociada Beatriz Biedma en todo aquello que necesite, y ha solicitado la personación en las actuaciones como acusación pública".