Extremadura rechaza los planes del Gobierno de aprobar el RD que regula centros de datos

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La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha rechazado los planes del Gobierno sobre la inminente aprobación del Real Decreto que regula los centros de datos, porque podría comprometer el futuro de la nación y de la comunidad autónoma.

Un decreto con el que ya ha sido muy crítico el Ejecutivo regional porque "sin duda afecta de manera directa" al desarrollo de los proyectos "tan importantes" previstos en la comunidad, ha señalado Manzano al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

En su opinión, las reglas del juego "están marcadas y muy bien definidas legalmente para todos", y en un momento como el actual con las cortes generales disueltas, hay que tener "el máximo respeto institucional" y constitucional, ha dicho, así como al ordenamiento jurídico que "todos hemos jurado o prometido cumplir".

La también consejera de Hacienda y Administración Pública mantiene que este tipo de decisiones "al final exceden de cuáles son las competencias que tiene que llevar a cabo un Gobierno que se encuentra en funciones", ha dicho.

"Dejemos que hablen los españoles y que decidan cuál es el futuro que quieren para su país", ha añadido la portavoz del Ejecutivo regional, quien ha señalado que esto pasa por "no legislar y no adoptar decisiones que sin duda van a comprometer el futuro de toda una nación y que también van a comprometer el futuro de una región".

Por ello, ha reclamado que todos deben ser "conscientes" de qué se puede hacer y qué no "cuando se decide dar la palabra al pueblo, cuando se está en funciones", ha reiterado, al tiempo que ha reclamado tener presente el interés general a la hora de adoptar decisiones como esta que "tienen una incidencia negativa en el futuro" de la economía regional.

Por otro lado, respecto al pronunciamiento del Tribunal Supremo a cuenta de la suspensión cautelar de la conocida como 'Ley de nietos', ha abogado por mantener la "máxima lealtad institucional".

Por tanto, ha reclamado respeto a ese pronunciamiento y que finalmente los extremeños y los españoles acudan el 29 de noviembre a las urnas a decir qué gobierno quieren en un proceso que se desarrolle "con las mayores garantías jurídicas y legales existentes".