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28 septiembre 2026 | Publicado : 11:09 (28/09/2026) | Actualizado: 11:52 (28/09/2026)
Ep.
La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha solicitado la dotación de medios "suficientes" para acabar con el "colapso" existente en la jurisdicción social, algo que según ha alertado supone una "lesión" para los derechos laborales y sociales de los ciudadanos.
"La justicia tardía en el orden social no es una justificación simplemente lenta, es una justicia que puede dejar de ser efectiva", ha espetado Berrocal, quien ha abogado por que la situación de la jurisdicción social entre en la "agenda institucional y política" acompañado de "diálogo" con los agentes sociales, para permitir que los tiempos de respuesta a los ciudadanos sean los adecuados, a través de una estrategia "sostenida" con reducción de demoras.
De este modo lo ha planteado durante la presentación este lunes, día 28, en Mérida del informe 'Sin Justicia no hay derechos', elaborado por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, y al hilo del cual ha defendido la necesidad de otorgar a los ciudadanos una respuesta "eficaz" en un tiempo "razonable" a sus necesidades planteadas ante juzgados de lo social.
"No puede aceptarse que la persona trabajadora que reclama salarios impugna un despido, solicita una prestación o denuncia una vulneración de derechos fundamentales tenga que esperar meses o años para acceder a un juicio", ha sentenciado; al tiempo que ha subrayado que tampoco se puede aceptar que la demora judicial se convierta en una "ventaja" para quién incumple.
Considera, así, prioritario reforzar los órganos que soportan mayores cargas de trabajo; incrementar los medios humanos y materiales; y adoptar medidas extraordinarias allí donde las demoras están "comprometiendo" el ejercicio efectivo de los derechos laborales y de protección social.
"Especial atención" requieren, a juicio del sindicato, procedimientos relacionados con despidos, salarios, prestaciones de Seguridad Social, derechos fundamentales y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Junto a ello, entiende que resulta "imprescindible" también mejorar la información pública sobre el funcionamiento de la jurisdicción social.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
Así, tras alertar del "colapso" existente en esta materia, ha indicado que éste "no es un problema menor de organización judicial" ni una "simple incomodidad administrativa", sino que supone "un problema estructural del Estado de Derecho en el ámbito laboral" al que hay que dar solución.
Esto porque, según ha remarcado, la jurisdicción social es el espacio en el que se hacen valer derechos esenciales en materia de salarios, despidos, prestaciones de la Seguridad Social, conciliación, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y conflictos colectivos, entre otros.
"Cuando el juicio se señala a muchos meses o incluso años vista, el derecho no sólo se retrasa, en muchos casos el derecho se debilita, pierde eficacia o deja de cumplir su función protectora", ha advertido la responsable de CCOO Extremadura, quien insiste en que la demora de la jurisdicción social ha alcanzado una dimensión "estructural" y, en numerosos territorios y materias, "compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas".
Como ejemplo de la situación "muy grave" que se registra, Berrocal ha citado que, por ejemplo, en reclamaciones de salarios y reconocimiento de derechos, la demora media estatal alcanza 450,4 días, es decir, 15 meses, con 41 provincias en situación de "colapso funcional".
En despidos individuales, pese a tratarse de un procedimiento urgente y preferente, la demora media estatal alcanza 375,3 días, es decir, 12 meses y medio y 29 provincias se sitúan en "colapso funcional". En cuanto a Seguridad Social, la demora media es de 389,7 días, es decir, 13 meses y 36 provincias aparecen en "colapso funcional".
Por su parte, en derechos fundamentales, la demora estatal es de 215,1 días, equivalente a 7,2 meses. En modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y movilidad geográfica, la media alcanza 204,4 días, es decir, 6,8 meses.
SITUACIÓN EN EXTREMADURA
En concreto sobre la situación en Extremadura, el secretario de Estudios, Cultura, Movilidad y Servicios Jurídicos de CCOO Extremadura, Miguel Fuentes, ha indicado que la situación en la región en la duración de los procedimientos en la jurisdicción social es algo mejor que la media nacional, aunque dista de la registrada en años anteriores y es diferente por territorios.
Así, según 'La Justicia Dato a Dato 2025', la duración estimada media de los asuntos terminados ante los juzgados de lo social se sitúa en 12,2 meses en el conjunto del Estado, mientras que en Extremadura se establece en 11,8 meses, ligeramente por debajo de la media estatal, y también por debajo de los 12,2 meses registrados en la comunidad en 2024.
La evolución extremeña muestra, no obstante, que el tiempo actual continúa por encima de los 9,8 meses registrados en 2021 y 2022.
La duración tampoco es homogénea según la materia. Así, en 2025 para el conjunto estatal el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima 14,9 meses en reclamaciones de cantidad, 13,8 meses en Seguridad Social, 9,1 meses en despidos, 9,7 meses en derechos fundamentales, 7,9 meses en movilidad geográfica y modificaciones sustanciales, 8,4 meses en conflictos colectivos y 20 meses en accidentes de trabajo, enfermedad profesional y prevención de riesgos laborales.
A su vez, los procedimientos de impugnación de actos administrativos laborales y de Seguridad Social alcanzan los 17,3 meses.
"El derecho a la justicia es fundamental, pero en Extremadura dependiendo de si vives en Badajoz o en Cáceres se cumple ese derecho", ha espetado Miguel Fuentes, quien ha señalado que, si bien la región acumula una litigiosidad "baja" ante juzgados de lo social, también se registra un "atasco".
De este modo, como demandas del sindicato, ha planteado la necesidad de un plan plurianual de dimensionamiento; mecanismos automáticos de activación de refuerzos; y un Observatorio de Demora con datos "actualizados", entre otras medidas.
