Extremadura aprueba decreto que aumenta suelo para vivienda y reduce plazos urbanísticos

04 septiembre 2026 | Publicado : 13:19 (04/09/2026) | Actualizado: 13:31 (04/09/2026)

Rd./Ep.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este viernes con los votos de PP y Vox -PSOE y Unidas por Extremadura la han rechazado- la convalidación del Decreto-Ley 4/2026, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo para agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento e impulsar la promoción de vivienda.

En concreto, dicha norma forma parte de la estrategia de la Junta de Extremadura para incrementar la oferta residencial, reducir los tiempos de tramitación y facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible, especialmente para jóvenes, familias y municipios que necesitan crecer y atraer población.

Así pues, durante la sesión plenaria, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado la necesidad de actuar sobre uno de los principales obstáculos para la construcción de nuevas viviendas: la complejidad administrativa.

"El problema de la vivienda no se soluciona poniendo más obstáculos, sino facilitando que se construya más vivienda. No se soluciona con más burocracia, sino con procedimientos más ágiles, con gestión y con resultados", ha afirmado.

Entre las principales novedades se encuentra la creación de los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una herramienta que permitirá concentrar en una única tramitación la ordenación urbanística, la urbanización y la gestión del suelo, reduciendo plazos y trámites innecesarios, según informa la Junta en una nota de prensa.

Esta figura facilitará la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales allí donde exista una necesidad acreditada de vivienda, garantizando además una importante reserva para vivienda protegida.

A su vez, el decreto también incorpora medidas para aumentar la disponibilidad de suelo residencial y aprovechar mejor los recursos existentes. Entre ellas, destaca la posibilidad de destinar parcelas y edificios de uso terciario a vivienda protegida sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico, así como la creación de la vivienda dotacional pública para atender necesidades específicas de jóvenes, mayores y colectivos vulnerables.

Asimismo, se dota de más seguridad jurídica a la cesión de suelo entre administraciones para la construcción de vivienda protegida y se introducen primas de edificabilidad que permitirán incrementar hasta un 20 por ciento la capacidad de construcción en parcelas privadas y hasta un 30 por ciento en parcelas públicas cuando el aumento se destine íntegramente a vivienda protegida.

Se establece que la superficie de las terrazas cubiertas no computará a efectos de edificabilidad hasta un 30 por ciento, con el fin de posibilitar construir más viviendas y mejorar su calidad, habitabilidad y confort.

La norma también apuesta por la simplificación administrativa, sustituyendo la licencia de primera ocupación por una declaración responsable y creando las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), que colaborarán con los ayuntamientos en la comprobación técnica de expedientes, especialmente en los municipios con menos recursos.

Asimismo, se agiliza la modificación del planeamiento municipal con la mejora de la coordinación entre administraciones, permitiendo que 260 municipios más, generalmente con escasos recursos técnicos, puedan también realizar las tramitaciones de los informes sectoriales mediante la Comisión de Coordinación Intersectorial de la Junta de Extremadura.

El consejero ha recordado que estas medidas se suman a otras iniciativas de la Junta de Extremadura, como las ayudas al alquiler, el Bono Alquiler Joven, los programas de vivienda protegida, las ayudas a la autopromoción y el nuevo Plan Regional de Vivienda.

"Detrás de cada vivienda hay un proyecto de vida. Hay jóvenes que quieren emanciparse, familias que buscan oportunidades y municipios que necesitan crecer. Nuestra responsabilidad es eliminar los obstáculos y poner el urbanismo al servicio de las personas", ha concluido.

En definitiva, con este decreto-ley, la Junta de Extremadura refuerza su apuesta por movilizar suelo, agilizar los procedimientos urbanísticos y aumentar la oferta de vivienda asequible en toda la región.

RECHAZO DE PSOE Y UNIDAS

Mientras, en una sesión del Pleno de la Asamblea de Extremadura no programada, PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado la convalidación criticando el procedimiento de urgencia, que les genera "dudas" respecto alguna de las medidas, motivo por el que han reclamado su tramitación como proyecto de ley para debatir y plantear sus propias aportaciones.

Así, el diputado del Grupo Socialista Juan Ramón Ferreira ha pedido al consejero que "recapacite" y que retire el decreto para tramitar estas modificaciones como proyecto de ley.

En este sentido, ha planteado que la formula elegida sea una "excusa" para cumplir con el "mandato" de Vox, puesto que es una medida recogida en el pacto de gobierno, tal y como ha subrayado en su intervención el diputado de esta formación, Ángel Pelayo Gordillo.

Ferreira ha criticado que lo "único que plantean es desregularizar el planeamiento urbanístico" de los pueblos y ciudades "para dejarlos en manos de los promotores y hurtarle a los ayuntamientos la palabra".

Además, con su tramitación como proyecto de ley, darían voz a los alcaldes y hubieran permitido al resto de grupos realizar sus propias aportaciones para "profundizar en lo bueno y lo malo del decreto". Porque, ha remarcado, "no es todo malo, pero hay cosas que nos generan dudas".

Por ello, ha avanzado su voto en contra de que "legislen sobre cómo se desarrollan nuestros municipios sin que escuchen previamente a los alcaldes y alcaldesas de esta región".

Respecto a la declaración la urgencia residencial, ha apuntado que no se puede "dejar las decisiones de regular el planeamiento urbanístico de un municipio a quien se gana la vida promoviendo viviendas".

Asimismo, con las entidades de certificación urbanística, logran "lo que siempre consiguen, que el promotor que tenga recursos agilice su tramitación pagando a una entidad de certificación urbanística privada y el que no los tenga espere más tiempo en conseguir la licencia. La Extremadura de las dos velocidades", ha argumentado.

Por último, ha preguntado qué pasará con las familias que entren a una vivienda construida con una declaración responsable de "un promotor que resulte no ser responsable".

En esta línea, la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto ha remarcado que "una cosa es eliminar burocracias innecesarias y otra muy diferente es que agilizar termine significando reducir control".

Asimismo, ha planteado que las nuevas entidades de certificación urbanística pueden terminar creando dos formas de obtener una tramitación, "una más rápida para quien pueda pagar la certificación privada y otra dependiendo de unos servicios públicos que ustedes mismos reconocen que están saturados y faltos de personal".

Por todo ello ha cuestionado la fórmula elegida del decreto ley para reclamar que se tramite como proyecto ley, para poder "debatirlo enmendarlo y mejorarlo". "El problema no se soluciona contruyendo más y confiando en que el mercado haga el resto. En eso ya llevamos varios años confiando y no ha surtido ningún efecto", ha abundado.

RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

En respuesta al rechazo de los grupos de la oposición, el diputado del Grupo Popular Juan Luis Rodríguez Campos ha criticado la "pirueta" que ha realizado el socialista para poder justificar su rechazo al decreto ley, y en este sentido ha compartido que puedan tener dudas, pero "ninguna de ellas puede ser razonable".

Si lo son, ha añadido, es porque "no escuchan a los promotores, a los ciudadanos ni a los alcaldes de su partido", que reclaman al consejero que atienda sus demandas, que están recogidas en el decreto ley, en referencia, entre otras que los ayuntamientos vean reducidos "los plazos para poder aprobar los planes generales y poner suelo a disposición de los extremeños".

Finalmente, el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo Moreno ha señalado que las políticas del Gobierno son las que ha llevado a esta situación, motivo por el que ha insistido en la necesidad de derogar la Ley de Vivienda.

"Años de equivocadas políticas de izquierda" han provocado que acceder a una vivienda se haya convertido "en un empeño imposible, muy difícil para la mayoría de los españoles y de los extremeños y particularmente para los jóvenes".

De ahí la razón de este decreto, que no es otra que construir viviendas y "con carácter de urgencia", pero para ello "tiene que haber suelo disponible, promociones viables, procedimientos administrativos que puedan resolverse en plazos razonables y márgenes suficientes para que las administraciones, empresas cooperativas, promotores y particulares puedan tomar decisiones económicas que conlleven un beneficio".

Este decreto va de "desregular", de "poner las bases para que la construcción de vivienda sea rentable, rápida, asequible" para resolver el problema de la vivienda, ha añadido.