Unidas por Extremadura reclama la creación de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción

17 July 2026 | Publicado : 14:55 (17/07/2026) | Actualizado: 14:58 (17/07/2026)

Unidas por Extremadura ha registrado este viernes una propuesta de Ley para la creación de la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, que sería un organismo "independiente que se encargaría de prevenir, de investigar y de denunciar casos de fraude y de mala gestión del dinero público".

En concreto, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que la propuesta "no viene a generar más burocracia" sino a "proteger el dinero de los extremeños y las extremeñas".

Así pues, De Miguel ha indicado que esta oficina es "una herramienta muy útil para evitar que la corrupción campe a sus anchas" y ha señalado que ya existe en otras comunidades como Andalucía, Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana.

"Queremos ver si el Partido Popular y Vox, que ahora parecen tan adalides de la lucha contra la corrupción, están decididos a hacer algo", ha señalado la líder de la formación morada.

Así, De Miguel ha indicado que "se pueden hacer dos cosas", por un lado "utilizarla como arma arrojadiza contra el adversario político" o poner herramientas que "realmente eviten que el dinero público se malgaste y se derroche". "Nosotros somos de la segunda opción", ha apuntado.

En esta línea, De Miguel ha reclamado que se ponga esta herramienta en funcionamiento porque es "la más útil y más eficaz para luchar contra la corrupción en las administraciones públicas".

Asimismo, ha criticado la "falta absoluta de transparencia" con la que gobiernan PP y Vox, así como las "muchas dudas sobre algunos contratos públicos" y ha dicho que esta herramienta "no es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de ciudadanía" porque, como ha recordado, "la gente está pidiendo y exigiendo que las instituciones públicas sean transparentes y hagan todo lo posible para que el dinero público llegue a donde tiene que llegar y no a los bolsillos que no deben".

Ante esto, De Miguel ha criticado que "quien no quiere ser vigilado quizás sea porque tiene algo que esconder" y ha reclamado que este debería ser un asunto "de consenso", según ha informado Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

Por último, De Miguel ha señalado que "hay que identificar dónde podemos mejorar para que el dinero público no se vaya a donde no se debe" y esa sería una de las funciones de esta oficina, además, ha indicado que "no sólo se trata de investigar y denunciar, sino también prevenir, evitar que sucedan casos de corrupción poniendo en marcha mecanismos sencillos y habilitando recomendaciones para que la gente entienda que hay una cultura contra la corrupción dentro de las administraciones públicas y no todo lo contrario".

DETALLES DE LA PROPUESTA DE LEY

La propuesta de ley recoge que la oficina tendría entre sus funciones la de prevención con la elaboración de códigos éticos y de buenas prácticas, así como la formación en integridad pública, la investigación y lucha contra la corrupción, colaboración institucional y protección de denunciantes.

Estaría dirigida por una persona elegida por la Asamblea de Extremadura por mayoría de tres quintos que acredite más de diez años de experiencia en prevención y lucha contra la corrupción y que gozaría de "independencia, inamovilidad y régimen estricto de incompatibilidades".

Además, se crearía un canal específico para que cualquier ciudadano pudiera presentar denuncias, quejas o sugerencias relacionadas con posibles irregularidades y se admitirían las denuncias anónimas.

En cuanto a las infracciones, la ley tipificaría de muy graves, como obstruir investigaciones, represaliar denunciantes o presentar denuncias falsas dolosas, con multas que irían de los 30.001 y a los 100.000 euros; graves como impedir denuncias o incumplir el deber de colaboración, con multas de entre 3.001 y 30.000 euros; y leves como no denunciar hechos obligatorios o responder fuera de plazo a requerimientos, con apercibimiento o entre 300 y 3.000 euros.