La Junta de Extremadura moderniza las relaciones entre administración y ciudadanía

Con este decreto, se actualiza toda la normativa de los últimos 25 años en relación a este tema que se encontraba dispersa y obsoleta y se adapta el marco jurídico a la realidad actual de las relaciones entre la ciudadanía y la Administración.

De esta forma, se reúnen bajo una misma regulación todos los derechos clásicos de participación ciudadana que se han ido aprobando en diversas normas y se definen los procedimientos para su ejercicio adecuándolos a las herramientas que actualmente más utiliza la ciudadanía.

Este decreto incorpora un nuevo procedimiento para presentar quejas y sugerencias en cualquier dependencia de la administración autonómica que preste servicios y a través de la Oficina de Asistencia Virtual (teléfono gratuito de información administrativa (900222012), WhatsApp (679129012) o del correo electrónico quejas@juntaex.es) eliminando el libro de quejas y sustituyéndolo por estos canales, que son los que más frecuentemente utiliza la ciudadanía.

Por primera vez, se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho a proponer iniciativas reglamentarias, recogido en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, y que no tenía procedimiento establecido para hacerlo.

Ahora, para iniciar este proceso, se debe presentar una propuesta normativa junto con una memoria justificativa con las razones que aconsejan su tramitación y aprobación además de las firmas de, como mínimo, dos mil personas.

La propuesta se dirigirá al órgano directivo con competencia en participación ciudadana que comprobará que cumple con los requisitos mínimos y la trasladará a la Consejería competente por razón de la materia, que adoptará la decisión que considere adecuada y ésta se comunicará a la persona o personas promotoras de la iniciativa.

Además, se permite la posibilidad de crear Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía o Puntos de Registro de carácter temporal en circunstancias excepcionales o cuando la demanda lo exija.

Finalmente, se abre la posibilidad de participación a la ciudadanía en la evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios públicos, ofreciendo más variedad de medios para que la administración autonómica conozca la opinión de los extremeños en relación con su actuación.

Este decreto es un paso más hacia una administración más moderna que busca una relación con la ciudadanía basada en la confianza y transparencia, centrándose en una atención ágil, garantizando el acceso a la información y cumpliendo con el derecho de participación de todos los ciudadanos extremeños.