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08 noviembre 2023 | Publicado : 11:55 (08/11/2023) | Actualizado: 12:29 (08/11/2023)
Ep.
La Fiscalía de Extremadura se ha inhibido de la denuncia interpuesta por el PSOE de la provincia de Badajoz al senador y diputado autonómico de Vox Ángel Pelayo Gordillo, en favor de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Según establece la Fiscalía de Extremadura en un decreto, recogido por Europa Press, al ser el denunciado un senador nacional y por tanto contar con aforamiento ante el Tribunal Supremo, considera "procedente inhibirse de la investigación a favor de la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser este órgano jurisdiccional el competente para conocer el asunto y esa Fiscalía la que, en su caso, deba ejercer las acciones oportunas ante la Sala correspondiente".
Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, la Fiscalía de Extremadura recibió una denuncia del PSOE la provincia de Badajoz, contra eiputado de la Asamblea de Extremadura y senador por Vox, Ángel Pelayo Gordillo, por unas declaraciones que realizó el pasado 19 de octubre con motivo de la acogida en Mérida de ciudadanos subsaharianos y de otros lugares procedentes de las Islas Canarias.
Unas declaraciones en las que Pelayo señalaba que estos inmigrantes "ponen en riesgo la convivencia y bienestar de los habitantes de la ciudad y, lo que es más grave, su seguridad", y añadía que "Vox quiere que Mérida y Extremadura sigan siendo seguras", entre otras afirmaciones.
Explica la Fiscalía de Extremadura en este decreto que el denunciante considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito del artículo 510, 1 a y 510.4 del CP, y que "no pueden ser justificados bajo la libertad de expresión que es excedido por el denunciado", al que achaca un "discurso del odio".
Ante esta denuncia, la Fiscalía de Extremadura señala que Gordillo Moreno es miembro del Senado durante esta legislatura, por lo que legislación establece que al ser la única persona investigada en este caso, "la competencia será atribuida a la fiscalía a la que corresponda conocer de los procedimientos seguidos ante el tribunal competente por razón del aforamiento, por ser la que, en su caso, deba ejercer ante ese órgano las acciones oportunas".
Por tanto, establece que la fiscalía "se abstendrá de incoar diligencias de investigación y, en su lugar, incoará expediente gubernativo mediante decreto motivado en el que acordará su inhibición en favor de la fiscalía que considere competente", como en este caso de la del Tribunal Supremo, ya que la Constitución España establece el aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para los diputados y senadores.
Finalmente, apunta la Fiscalía de Extremadura que contra este decreto no cabe recurso alguno al constituir un acto de "trámite inimpugnable".
