15 octubre 2021 | Publicado : 13:10 (15/10/2021) | Actualizado: 13:17 (15/10/2021)
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El presidente de EAPN de Extremadura, Mehrad Alizadeh, ha exigido un "compromiso firme" político contra la pobreza y la exclusión social y para reducir la desigualdad, así como para impulsar la protección social como un "motor de crecimiento inclusivo" que permita salir a las personas de situación de vulnerabilidad y cumplir con el "derecho" a una "vida digna".
De igual modo, y ante el nuevo escenario de recuperación post-pandemia de la Covid-19, ha abogado por la "reflexión" y el "diálogo" sobre las políticas en materia social y económica necesarias para superar las situaciones de pobreza y exclusión social.
En este sentido, ha señalado que el impacto de la crisis socio-sanitaria "especialmente" ha sido mayor sobre las personas vulnerables, y ha considerado necesario "transversalidad" en las iniciativas sociales en todo el conjunto de las políticas públicas para afrontar dicha situación.
Así se ha pronunciado en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura, en Mérida.
INFORME AROPE
De su lado, Lorena Rodríguez Jiménez, miembro de la junta directiva de EAPN-Extremadura y gerente de ASDE Scout, ha presentado el XI Informe Arope sobre Estado de Pobreza 2021, con datos de 2020, y que recoge que actualmente 411.000 personas residentes en Extremadura están en riesgo de pobreza o exclusión, lo que supone un 38,7 por ciento de tasa Arope y que la región "encabeza los datos con respecto al resto de regiones".
El porcentaje de mujeres en riesgo supera en casi un 3 por ciento al de hombres, lo que provoca que se acentúe una "brecha de género" que hasta el momento es la mayor registrada en los datos históricos en el informe Arope en Extremadura.
Con ello, según el informe, Extremadura mantiene las cifras de pobreza "más altas" del país, pero se han mantenido respecto al año anterior, con un 31,4 por ciento.
En concreto, en cuanto a pobreza severa, en Extremadura hay 124.000 personas en dicha situación (algo más del 10 por ciento); y casi un tercio de población se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, en materia de pensiones, casi la mitad de las recibidas en Extremadura se sitúan "por debajo del umbral de pobreza", situado en 688 euros al mes, lo que evidencia que "algo no está funcionando bien en el sistema cuando las pensiones contribuyen a generar esta pobreza", apunta el informe.
Así, Lorena Rodríguez Jiménez, tras incidir en que la lucha contra la pobreza forma parte del conjunto de políticas en pro de la ciudadanía, ha reivindicado la importancia de desarrollar medidas para revertir las cifras actuales porque "detrás de ellas están familias, personas y hogares" y, por ello, hay que trabajar "en metas comunes de forma urgente".
En este punto, ha alertado de que Extremadura es una comunidad autónoma con cifras "alarmantes" de pobreza pero no es la única, sino que "existe una fuerte desigualdad territorial entre el norte y el sur de España" debido a la "configuración histórica del territorio" y a la gestión e inversión de políticas nacionales y europeas, ha dicho.
Además, ha ahondado en que la pandemia de la Covid-19 ha provocado que la situación actual sea un "caldo de cultivo" post-pandemia que "puede ser muy perjudicial".
También, como conclusiones del informe Arope, Lorena Rodríguez ha señalado que la recuperación económica que se esperaba "ha sido destrozada por la pandemia" y "tener un empleo en la actualidad no supone una garantía" porque hay un "nuevo perfil de pobreza" de personas "ocupadas" cuyos ingresos no le permiten cubrir sus necesidades básicas.
Además, la brecha de género "sigue siendo notable" y supone un "problema estructural"; y los hogares con niños y niñas presentan unas mayores cifras de pobrezas, al igual que ocurre con personas jóvenes, mayores o con discapacidad.
Con ello, ha considerado que "la desigualdad territorial es muy significativa y debe ser un objetivo político prioritario", ha dicho, al tiempo que ha defendido que las políticas sociales, sanitarias, educativas, de vivienda y empleo "necesitan un refuerzo extra para poder garantizar el Estado de Bienestar".
En esta línea, ha alertado de que se ha "naturalizado" la pobreza, con datos que no son "admisibles" y que requieren políticas de "redistribución" con voluntad política.
